Publicado: 14-11-2011
  
La Rioja.- Hoy quedaría formalizada en Fiscalía, una denuncia penal por supuesta asociación ilícita, en contra de empleados del hospital "Vera Barros" y de distintos centros de salud de la Provincia. La presentación será realizada por Alejandro Gallo, quien perdió a su hijo durante una cirugía en el Sanatorio Rioja.

La Salud pública será nuevamente foco de la Justicia, cuando sea interpuesta formalmente una denuncia por supuesta asociación ilícita, en contra de empleados y funcionarios del sistema sanitario. Está previsto que la presentación se realice hoy mismo, ante el Ministerio Público Fiscal.

También hoy arribarían a la Provincia funcionarios nacionales del Ministerio de Justicia de la Nación, para entrevistarse con autoridades que tienen injerencia en la causa que investiga la muerte de Enzo Gallo y por la cual están imputados dos médicos.

Así lo hizo saber a EL INDEPENDIENTE, Alejandro Gallo, padre de la víctima. Durante la entrevista, exhibió copia de la denuncia que presentará hoy formalmente, la cual consta de 21 páginas, a lo largo de las cuales detalla una serie de irregularidades suscitadas en el hospital "Enrique Vera Barros" y de diferentes centros de salud.

Partiendo del concepto de que estas irregularidades encajan en distintos tipos delictivos que "de ninguna forma constituyen una actividad aislada y espontánea", Gallo realizará la denuncia por el grave delito de "asociación ilícita".

Entre los hechos enumera y detalla incumplimiento de funcionario público, ocultamiento de medios de prueba, sustracción de medicamentos del nosocomio, coacción, traslado de pacientes desde el hospital público hacia centros privados de salud con fines económicos, encubrimiento y robo.

Cada uno de los hechos denunciados está apuntalado por pruebas documentales, audiovisuales o testimoniales, citadas en la misma denuncia. A modo de ejemplo, el caso de robo está fundamentado con un informe que la Dirección de Investigaciones de la Policía elevó a las autoridades en diciembre de 2005 y que derivó en una investigación del Tribunal de Cuentas que lo ratificó y denunció penalmente en Fiscalía, en 2008.

La sustracción ilegal abarca desde medicamentos hasta vales de combustibles y equipos de aire acondicionado, según detalla el informe policial al que tuvo acceso este diario. En este sentido, en la denuncia, Gallo manifiesta su preocupación y alarma porque el trabajo policial "no haya encontrado el eco necesario en la Justicia, ya que de esa forma, se habría detenido este accionar orquestado y protegido por quienes deberían haber velado por la salud del pueblo y protegido y bien administrado los recursos del Estado".

Una vez que la denuncia sea receptada formalmente por la Justicia, Fiscalía tendrá el deber de estudiarla y promover acción penal, en caso que corresponda, para que se inicie la instrucción de la causa.

Finalmente, en la parte última de la denuncia, Gallo insta a la creación de un programa de protección para testigos, ya que, según sostiene, "los actores involucrados y denunciados por estos delitos, hacen de la coacción, la amenaza y el delito, una forma de vida".