Publicado: 05-12-2011
  
Buenos Aires.- En once meses, no hubo ni una decena de acusaciones. "Encontramos resistencias en ciertos sectores de la administración, pero podría haber habido más denuncias y por temas escandalosos", apunta Miguel Ángel Bruno.

Con experiencia en la gestión municipal de Moreno y Morón, el abogado Miguel Ángel Bruno fue elegido por el intendente Fernando Espinoza para hacerse cargo de la Oficina Anticorrupción y de Ética Pública creada por decreto.

En funciones a partir de diciembre del año pasado, Bruno cuenta con una oficina, desde mayo, en el edificio municipal de la calle Perú 2.250. "El espacio físico se armó a último momento", recuerda. Y defiende: "Hemos realizado pequeñas tareas que no lucen, pero que forman parte del fortalecimiento de la herramienta".

En rigor, el organismo de contralor recibió solo nueve denuncias. Y, si bien se ciñe a presuntas acciones irregulares en el Poder Ejecutivo -al igual que la oficina de nivel nacional-, no hubo ninguna resolución hasta ahora.


Con la mira en el blanco

"Para el pueblo de La Matanza, la Oficina Anticorrupción es una garantía de que tiene una vía importante para generar las respuestas necesarias si un funcionario municipal no responde como debe hacerlos", define Bruno. "Somos como ojos de la ciudadanía", arriesga.

Hasta la fecha, algunas de las denuncias versan sobre supuestas irregularidades en la habilitación de comercios e industrias, en expedientes de obras privadas, en el servicio de recolección de residuos y en el acceso a la información pública.

Con presupuesto dependiente de la Secretaría de Gobierno, la novel área comunal tiene a su cargo, además de la recepción e investigación de denuncias, la promoción de políticas para la transparencia de la gestión pública.

"Es un tema más complejo de lo que parece: encontramos ciertas resistencias en algunos sectores de la administración? Nos miran como si hiciéramos algo raro", revela. Y subraya: "No estoy para generar conflictos, sino para ayudar a resolverlos".

En este marco, la dependencia todavía no cuenta con un sitio en Internet. "Nos habían dicho que íbamos a aparecer en el de la Municipalidad, pero aun no estamos. De todos modos, no es mi preocupación actual", explica.


Prudencia e investigación

Según Bruno, "todos podemos ser atacados de algo y no se trata de hacer un escándalo de todo". "Obviamente, hay gente que no trabaja como debiera, pero tenemos que ser muy prudentes", argumenta. "En la administración municipal, puede haber elementos con alguna característica de corrupción. No hay vírgenes: hay de todo", apunta.

Aunque la Oficina Anticorrupción no tiene poder de sanción, potestad exclusiva del intendente, puede recomendar actitudes, conductas y cambios de política en la materia investigada. Y sintetiza: "Hay un gobierno municipal cuyo objetivo es el bien común. Debiera serlo".


Irregularidades en el cementerio

Las acusaciones investigadas son de diversa índole. Así como se registraron denuncias por presuntas irregularidades en la habilitación de comercios e industrias, la recolección de residuos y en el registro de una obra privada, surgieron otras de carácter más llamativo.

Por ejemplo, un ciudadano denunció que, en el Cementerio de San Justo, los féretros son revendidos a una funeraria. Y otro acusó a personal municipal de participar en una usurpación de terrenos.


Un equipo en línea

4 personas trabajan en el organismo de contralor. Junto a Bruno, hay dos abogados y una administrativa que investigan las denuncias realizadas al 0-800-222-0183. "Si hubiera habido 100 llamadas, tres personas no habría sido la cantidad ideal", marca el funcionario.