Publicado: 02-01-2012
  
Mendoza.- El anuncio de la supresión de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, gas, agua y transporte de pasajeros se efectuó en los primeros días de noviembre. En algunos casos entró en vigencia en diciembre y para el resto regirán desde el 1 de enero.

En estas consideraciones nos referimos sólo a la energía eléctrica, provisión que prestan empresas y cooperativas locales, bajo regulación de un organismo provincial, el EPRE, quien tiene la facultad de establecer las tarifas. Hasta el momento no hay, de parte del ente regulador como de las empresas distribuidoras, precisiones sobre la forma en que se aplicará la quita de subsidio. Menos aún cuáles serán los porcentajes de incrementos de las próximas facturas.

Cuando en el año 2002 se derogó la convertibilidad monetaria y se devaluó el peso, se congelaron las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte, con el propósito de evitar el fuerte impacto que tendrían sobre los hogares. Un dato importante a tener en cuenta es que al momento del congelamiento de las tarifas de energía eléctrica, éstas no eran uniformes en todo el país. En general eran más altas en el interior que en Buenos Aires, y también había diferencias entre las provincias. Esta es una situación que requiere una aclaración por parte del EPRE.

A partir del 2002 en adelante el Estado nacional se vio en la necesidad de subsidiar a las empresas productoras de energía, en la medida en que la devaluación y la inflación fueron incrementando sus costos de producción. Los subsidios han ido aumentando en forma considerable en los últimos años, adquiriendo una magnitud enorme.

En el año 2010 los subsidios a las tarifas de servicios públicos fueron de 48.000 millones de pesos y este año llegarían a 80.000 millones. La mayor parte de estos aportes se destina a electricidad y gas y son distribuidos por el Ministerio de Planificación Federal. Un estudio reciente del IARAF muestra que la distribución regional es sumamente dispar. Por ejemplo, de las transferencias realizadas en el 2010 la Ciudad de Buenos Aires recibió por habitante $2.135; la provincia de Buenos Aires $1.486; en tanto Mendoza sólo $105 por habitante. Este también es un punto importante que requiere se aclarado por el Gobierno provincial.

Corresponde por otra parte precisar que los subsidios no han sido otorgados a los consumidores, ni al parecer tampoco a las empresas distribuidoras, sino a las empresas productoras de energía eléctrica nucleadas en CANMESA. Se trata de un subsidio destinado a reducir el costo de producción, que luego se transmite a los consumidores en forma generalizada sin distinción de la situación económica de cada de uno de ellos.

Esta asignación del subsidio ha producido dos efectos muy negativos, por un lado ha incrementado mucho más de los necesario el consumo de un servicio que por años ha sido muy barato (caso aire acondicionado, piletas climatizadas). Por otro ha desalentado las inversiones para aumentar la producción por la incertidumbre de si serían recuperadas por los precios. Este es el núcleo de la crisis energética.

La eliminación del subsidio producirá importante efectos económicos. Las familias deberán destinar más proporción de su ingreso a pagar la factura de electricidad. Las empresas tendrán incrementos de costos, que algunos podrán trasladar a los precios, otras vez pagan los consumidores.

Finalmente el procedimiento de supresión es absurdo. Presionar para cada familia o empresa renuncie voluntariamente es simplemente una "especie de extorsión moral" que no producirá efecto alguno. Lo que corresponde es que se anuncie cuál es la tarifa que se debe pagar y luego el Gobierno determine, bajo su exclusiva responsabilidad, quien debe seguir recibiendo el subsidio. Lo que se está haciendo es pura demagogia y gasto inútil de recursos económicos.