Publicado: 31-05-2014

Córdoba.- El último informe de la Auditoría General de la Nación muestra graves fallas en los manejos financieros de la reestatizada Aerolíneas Argentinas, que insume cada vez más ayudas del Tesoro nacional.
Ya no son una sorpresa el desmanejo y las graves pérdidas económicas en las que incurren las empresas del Estado nacional, en especial aquellas que fueron reestatizadas por el actual gobierno.

A las millonarias pérdidas de las diferentes compañías y al aún secreto convenio entre YPF y la empresa norteamericana Chevron –cuyas cláusulas serían más leoninas que las aceptadas antes por la anterior controlante, Repsol– se suma el desmanejo en Aerolíneas Argentinas.

El último informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) revela que existen pagos financieros que exceden toda norma contable y de transparencia de los organismos nacionales, los que, incluso, deberían ser puestos bajo la observancia de las entidades que controlan el lavado de dinero y eventuales transferencias irregulares de dinero en efectivo.

El trabajo –aprobado por la AGN el 8 de abril último– intentó ser ocultado por el titular de Aerolíneas, Mariano Recalde, pero finalmente fue publicado. La empresa recibió aportes estatales por 17.070 millones de pesos hasta diciembre de 2013, mientras que para este año se presupuestó un auxilio financiero de 2.800 millones.

El informe desliza que el manejo contable de las partidas en efectivo es poco claro, registrado en forma manual, por lo que podría inferirse que buena parte de esos recursos podría tener otra finalidad que la declarada. No existen documentos que respalden con transparencia el manejo que Recalde y otros integrantes de la conducción realizan sobre los recursos de la compañía.

Justo es reconocer que la empresa mejoró en los últimos meses el cumplimiento de las frecuencias y de los horarios, a diferencia de lo que sucedió durante la última fase de la privatización.

Aunque el cuadro se revirtió, las irregularidades cometidas por Recalde y otros directivos reproducen lo que sucede en otros organismos, donde los militantes de La Cámpora parecen haber colonizado empresas y áreas del Estado en pos de sus objetivos.

En su mayoría, la sociedad apoyó la reestatización de Aerolíneas, convencida de la necesidad de contar con un servicio de transporte aéreo de pasajeros a sitios o poblaciones que las compañías privadas no quieren atender por sus costos y resultados negativos.

Pero ese respaldo no puede transformarse en una política sin control ni auditorías que revelen cómo se manejan los fondos que, en definitiva, pertenecen a todos los argentinos y no a un grupo político del actual gobierno.

Por último, llama la atención que pese a la gravedad del informe de la AGN y las supuestas irregularidades financieras –algunas presuntamente violatorias de la legislación internacional– estas pasen inadvertidas para jueces y fiscales, celosos custodios de otros derechos. Esto pese a que está en juego el patrimonio de todos.