«Según los indicadores de gobernancia del Banco Mundial, la corrupción gubernamental es un problema serio en la Argentina». Sin ser novedoso en su denuncia, el informe del Departamento de Estado correspondiente a marzo de este año sorprende por su dureza. El trabajo de 110 páginas (publicado en www. state.gov) es un informe técnico destinado a potenciales inversores en la Argentina; sin embargo, en un idioma no exento de crudeza, agrega en su Capítulo 6, bajo el acápite «Corrupción», que «empresarios de Estados Unidos dicen que su respeto a las normas impositivas y a los códigos regulatorios muchas veces los pone en desventaja competitiva».

El trabajo también refleja preocupación por el cierre del sistema de jubilaciones privadas. Tras recordar que las AFJP eran una base creciente para el mercado de capitales, expresa que «la nacionalización de los activos del sistema terminó con su rol de inversor; la incertidumbre sobre cuál será la fuente de futuras inversiones provocó una fuerte caída en el valor de las acciones argentinas y en los bonos de renta fija».

El informe es un trabajo trimestral elaborado por el Departamento Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, sobre la base de fuentes independientes e incluso utilizando documentos oficiales. Se titula «Doing Business in Argentina: 2009 Country Commercial Guide for US Companies» (Haciendo negocios en la Argentina: Guía Comercial 2009 para empresas estadounidenses), por lo que queda claro a quién está dirigido. Sin embargo, siempre se espera con atención su publicación porque sus contenidos de algún modo reflejan el clima de la relación bilateral.

Una fuente de la embajada trató de restarle importancia al tono del informe: «Es un trabajo técnico y no político, que sin dudas no será considerado por el presidente Barack Obama al momento de fijar sus políticas. De hecho, la postura del Gobierno de Estados Unidos surge de lo que suceda en la reunión del Grupo de los 20».

De todos modos, el capítulo dedicado a la corrupción es extenso; recuerda que «Transparencia Internacional» coloca a la Argentina en el puesto 108 (sobre 180) en niveles percibidos de corrupción, por debajo incluso del promedio de América Latina. También dice que, si bien existen regulaciones contra la corrupción, «observadores no gubernamentales afirman que su aplicación es despareja».

Tras describir las funciones de la Oficina Anticorrupción, y recordar que es en teoría parte del Poder Judicial, dice que «no tiene autoridad para iniciar juicios de manera independiente, pero puede derivar esos casos a otros organismos o presentarse como querellante». Agrega que «las ineficiencias en el sistema judicial argentino limitan la efectividad de los esfuerzos tendientes a erradicar la corrupción».

No todo es negativo: en lo que hace a su evaluación de la fuerza laboral argentina, la Guía dice que «están entre los más capacitados de la región, y los salarios en dólares siguen siendo competitivos, aún con los altos cargos por seguridad social y otros impuestos».

En el capítulo «Violencia Política» recuerda que «no ha habido casos desde la renovación presidencial de abril de 2003», y afirma que, si bien las manifestaciones eran habituales en el área metropolitana y otras grandes ciudades del país, últimamente se han extendido al ámbito rural. Pero remarca que «por lo general esas manifestaciones no son violentas».

El informe es tan detallado que llega incluso a aconsejar a los potenciales inversores la contratación de personal que hable castellano, les dice que en la Argentina hay numerosas agencias de publicidad y de marketing para dar a conocer sus productos y hasta proporciona una lista de los principales diarios y revistas que se publican en el área metropolitana.