La Pampa.- Pepa hizo ayer lo mismo que había hecho en julio de 2004 cuando fue indagado por el juez Hugo Díaz: trató de huir de la prensa. En aquella ocasión corrió solo por la calle Quintana al ver al fotógrafo de este diario para evitar ser retratado; ahora, ante una idéntica situación, eligió ingresar velozmente a una oficina del TIP a pesar que estaba conversando animadamente en el pasillo junto a otro imputado, Jorge Alberto Rodríguez, y sus abogados Francisco Marull y Hernán Elizondo.

Pepa y Rodríguez -apoderado de la unión transitoria de empresas que conformaron la neuquina Constructora Norte y la pampeana Ilka- fueron los únicos condenados que recurrieron el fallo dictado contra ellos el 29 de diciembre de 2009 por la Cámara en lo Criminal de General Pico. Ambos recibieron la misma pena, tres años en suspenso, aunque el primero fue hallado culpable de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público -accesoriamente se lo inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos-, y el segundo sólo por el fraude. En cambio las condenas a dos años y medio en suspenso contra el ex secretario-tesorero de Alvear, Omar Ghisio, y la presidenta de Consnor, Andrea Bensi, quedaron firmes.

La de la víspera se llama técnicamente audiencia de visu. Fue un trámite formal para que los jueces que deben resolver, Gustavo Jensen y Verónica Fantini, conozcan personalmente a los imputados antes de escribir la sentencia.

Los cuestionamientos de la defensa de Pepa apuntan a varios aspectos del fallo, como la violación del principio de congruencia, ya que se adujo que fue acusado de un delito y condenado por otro. Por eso Marull planteó la nulidad de la sentencia.

¿Cuál fue el argumento? Que mientras el juez de instrucción, Hugo Díaz, sostuvo que Pepa y Ghisio, con la posible complicidad del Concejo Deliberante, urdieron una maniobra que concluyó con las irregularidades detectadas en la obra; la Cámara del Crimen adjudicó la autoría del fraude a "un complejo entramado de relaciones políticas y empresariales orquestado por importantes empresarios y lobistas en connivencia con, cuando menos, la indolencia de las autoridades del Ministerio del Interior de la Nación". El abogado también dijo -entre otros argumentos- que debería dictarse la prescripción de la acción penal a favor del ex jefe comunal alvearense, algo que ya fue desestimado.

Fundamentos


En uno de los párrafos de las casi 140 páginas de fallo, los jueces del tribunal piquense expresaron que la construcción de la red cloacal fue "una puesta en escena, que incluyó el proyecto para la invitación a las empresas, el concurso entre firmas controladas por idéntica persona y los elevados sobreprecios en varios ítems; pero fundamentalmente en la planta de tratamiento, de la que incluso hoy en día no se sabe, a ciencia cierta, si fueron o no recibidos elementos que figuran en remitos". Todos esos puntos fueron considerados "capítulos del ardid que se pergeñaba a partir de la fácil disponibilidad de fondos de ATN que tenían ciertos actores".

Los argumentos condenatorios hicieron hincapié en varios aspectos de la obra. Uno en particular: los millonarios equipos electromecánicos que debían instalarse en la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Los jueces Florentino Rubio, Fabricio Losi y Alfredo Alonso entendieron que los imputados no podían desconocer el faltante de ese valioso equipamiento, tal cual se desprende del expediente.

Además, en referencia a los empresarios que realizaban la construcción de los desagües cloacales, indicaron que era una estructura pergeñada por personas ajenas al municipio que ofertaban emprendimientos similiares en otros lugares, con un "modus operandi" idéntico: a partir de sistemas de contrataciones preelaborados y digitados que excedían el marco legal de acuerdo al monto y la envergadura de la obra -ya que debían adjudicarse por licitaciones públicas y no privadas o concursos de precios-, se obtenían ATN del Gobierno nacional para emprendimientos de saneamiento urbano. Para los jueces, las uniones transitorias de empresas sólo eran un "mascarón" que encubría al verdadero ejecutor del emprendimiento.

Segunda parte


La denuncia por los sobreprecios fue promovida en el 2000 por los diputados provinciales de la Alianza. Una de las pruebas más incriminatorias fue el peritaje efectuado por la Sindicatura General de la Nación, que estableció que el costo de la obra no podía exceder los 6.566.468 pesos-dólares. Como Pepa le adjudicó los trabajos a Ilka-Consnor por 18.350.048,80 pesos-dólares, la Sigen concluyó que hubo una sobrevaluación del 179 por ciento. La obra fue bautizada por la oposición como "el monumento a la corrupción".

En 1997 el Concejo Deliberante, conformado por ediles peronistas, excepto una radical, declaró de interés municipal la obra y autorizó al intendente a construirla. Este gestionó el dinero ante el Ministerio del Interior y el menemismo -en esa época el ministro era Carlos Corach- le prometió el total del presupuesto, aunque le terminó girando "sólo" 10.000.000 de pesos-dólares en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero la investigación no concluyó con el juicio a Pepa y compañía, sino que en él surgieron nuevos sospechosos y se abrió otra causa penal conocida como "Cloacas de Alvear II", donde figuran imputados el ex ministro de Obras Públicas y ex director oficial del Banco de La Pampa, Oscar Negrotto; el ex jefe de inspectores acueducto del río Colorado y consultor de la red cloacas, Carlos Oppezzo; el empresario neuquino Enrique Halcak; el ex representante legal de Consnor, José Floridia; y Rubén Queirolo, otra persona vinculada a las empresas constructoras. Los cinco están esperando ser indagados por un juez piquense.

Prescripción para ediles


En un primer momento también habían sido procesados y debían ir a juicio los ocho concejales de Intendente Alvear que en 1997 le habían dado facultades a Pepa para realizar la obra, sin ejercer ningún control sobre el Departamento Ejecutivo. Pero como quedaron fueron del fraude, solamente se les imputó incumplimiento de los deberes de funcionario público y no fueron juzgados en un plazo razonable, el abogado Miguel Palazzani consiguió que la Cámara en lo Criminal de General Pico dispusiera la prescripción de la acción penal por ese delito.

Una historia que ya lleva catorce años


Los sobreprecios en las cloacas de Alvear quizá sea la causa penal más antigua de los tribunales pampeanos; o al menos la más antigua entre las de fuerte impacto público. La denuncia fue realizada hace más de once años (28 de julio de 2000) por los entonces diputados provinciales de la Alianza en el Juzgado Federal de Santa Rosa, pero la historia comenzó antes, cuando en 1997 el Concejo Deliberante aprobó la obra de construcción de la red cloacal y le dio vía libre al intendente Pepa para que contratara a una constructora, que terminó siendo la UTE conformada por Ilka y Consnor.

En 1999 las constructoras empezaron con las tareas, pero antes de que finalizara ese año, las abandonaron. Dos años y medio después de la denuncia, a fines de 2002, el Superior Tribunal de Justicia resolvió que el expediente debía quedar radicada en la justicia provincial y en Santa Rosa, y la instrucción recayó en manos del juez Hugo Díaz. En ese momento el máximo tribunal pampeano reclamó una " pronta actividad procesal".En diciembre de 2004, Díaz dictó doce procesamientos -a los cuatro condenados y a ex concejales- por defraudación agravada a la administración pública por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el 6 de junio de 2005 la Cámara en lo Criminal 1 los confirmó, aunque benefició a los concejales al revocarles el delito de fraude. Ahí había quedado todo listo para el juicio oral y público.

Sin embargo, el abogado de Pepa, Carlos Iglesia, ex presidente del STJ, planteó ante ese cuerpo la excepción de incompetencia territorial, que fue avalada por la Cámara 2 y el fiscal Guillermo Gorchs. El 26 de junio de 2006, el Superior Tribunal modificó su postura y dispuso que el juicio se realizara en General Pico, algo que recién ocurrió en los últimos días de 2009.

Aún hoy la sentencia no está firme, y todavía puede ser revisada por el STJ y hasta por la Corte Suprema.