El caso del Centenario colmó el vaso
Publicado: 27-12-2009
Quieren eliminar los consejos administradores de hospitales
Todo empezó con una denuncia del ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello, acerca de un hueco de 6,3 millones de pesos en las cuentas del Hospital Centenario cuyo Consejo de Administración no rindió debidamente y que ahora es materia de una causa penal. Eso despertó escozores dentro del histórico centro médico ro-sarino. El personal contraatacó acusando al gobierno de haber abandonado al hospital, y hasta los jefes de servicios denunciaron en bloque que allí falta toda clase de insumos.
La puja sigue en pie. El Ejecutivo acaba de enviar a Legislatura un proyecto de ley para disolver los consejos de administración y asesores de los hospitales. Quieren poner a todos los efectores en la órbita de una futura Red Pública Provincial de Servicios de Salud. "Eso permitirá trabajar en red y resolver muchos problemas de manera más eficiente y transparente", dijo el titular de la cartera sanitaria.
La propuesta apunta a derogar dos leyes para "modificar estructuras viejas que le quitaban toda autoridad de gestión a los directores de hospitales", argumentó Cappiello. En Salud consideran que el modelo actual le otorga demasiadas atribuciones a los órganos administrativos.
Que la iniciativa afecte el poder de los Sámeos impactará de manera ostensible en las localidades más chicas, donde esos espacios hasta tallan en la política local. "La ley Samco transformó esos espacios en un coto de poder de algunos políticos que los usan con fines clientelísticos", cargó el ministro.
Este diario tuvo acceso al informe del Tribunal de Cuentas sobre la falta de rendición de $6.382.609,50 que el Consejo de Administración del Hospital Centenario debería haber presentado en junio de 2007.
El órgano contralor detectó que entre diciembre de 2007 y marzo de 2009 se libraron 81 cheques sin la debida documentación de respaldo como recibos y facturas. También halló recibos fuera de norma como para ser considerados comprobantes de pagos, y recibos sin fecha ni firma del jefe de servicio que habría intervenido en esas operacione s. Por lo tanto, los inspectores detectaron irregularidades en intervenciones cuya prestación no quedó debidamente certificada. Es decir, que no se sabe a ciencia cierta si esos pacientes fueron atendidos realmente.