El Defensor del Niño sería designado en octubre
El mes que viene comenzará la selección entre 68 postulantes para proteger los derechos de cualquier menor de 18 años.
Luego de tantos años de deuda con los más chicos, se estima que en octubre se designará el Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El proceso de selección comenzará en agosto y se seleccionará a un candidato entre los 68 postulados.
Las funciones del Defensor duran cinco años y puede ser reelecto una sola vez. A través de acciones de amparos, podrá actuar para proteger los derechos de cualquier menor de 18 años.
La presidencia de la bicameral quedó bajo el ala de la senadora Norma Durango (PJ), quien será la encargada del proceso de elección y de la celebración de las audiencias públicas anteriores a la votación.
La Comisión, además, estará integrada por las diputadas Samanta Acerenza (Pro), Carla Carrizo (Evolución), Soledad Carrizo (UCR), Verónica Mercado (FpV) y María Florencia Peñaloza Marianetti (Somos SAN JUAN). Por el Senado, Gladys González (Cambiemos), Pamela Verasay (UCR), Sigrid Kunath (PJ), Anabel Fernández Sagasti (FpV).
Pese a que la ley de 2005 que creó esta figura, no obliga a que haya votación de ambas Cámaras, el proceso se hará en conjunto “para darle legitimidad”, expresó Carla Carrizo a la prensa, quien presidió la bicameral en 2017 y hoy es vicepresidenta.
La larga lista fue confeccionada el año pasado con la presentación de los 68 postulantes. Con más de 6 mil adhesiones y 9 impugnaciones presentadas, del total de aspirantes, el 63% son mujeres, entre las que se encuentran María José Lubertino, Gabriela Arias Uriburu (activista) y Elena Naddeo, la actual directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría porteña.
La bicameral se reunirá la primera semana de agosto para empezar a detallar el proceso de selección y el examen escrito y anónimo que deberán superar los inscriptos. Los candidatos que aprueben esta instancia presentarán un plan de trabajo en el que se plasmen sus prioridades y un posible diseño institucional. En tanto, la última fase del proceso corresponde a la audiencia pública, en la que tendrán que someterse a preguntas de legisladores y organizaciones civiles.