Publicado: 05-12-2011  

Chaco.- El próximo 6 de diciembre se realizará en la ciudad de Rosario una audiencia pública en la que se debatirá el pedido de aumento en la tarifa de agua y servicio de cloacas solicitado por la empresa provincial prestadora de esos servicios públicos en la provincia de Santa Fe. Ante esa situación, el ente regulador de esa provincia (Enress) convocó a las asociaciones de usuarios, entidades ecologistas, asociaciones vecinales y a todos los usuarios que quieran hacer oír su voz a participar de una audiencia pública en la cual también estará la empresa explicando los motivos de su pedido de aumento. "El usuario común quiere tener el mejor servicio con la tarifa más baja posible. Y uno tiene que hacer equilibrio poniendo todos los temas sobre la mesa. Exponiendo los balances de la empresa, lo que gasta, lo que no hizo y lo que hizo, lo que piensa hacer", manifestó el presidente del ente regulador. ¿A qué viene mencionar este caso suscitado en la provincia de Santa Fe? Ni más ni menos para comparar ese modelo de gestión con el que tenemos en nuestra provincia del Chaco. Veamos las diferencias. Sin ente regulador conformado, no existe posibilidad alguna de discutir sobre la procedencia de una tarifa justa y equitativa, esta es determinada por la propia empresa prestadora provincial sin la participación de ninguna autoridad regulatoria y sin una normativa que permita a los usuarios efectuar eventuales reclamos. Vale en este punto recordar cuando a fines del año 2009 desde la Cámara de Diputados se invitó al presidente de Sameep a concurrir al recinto para explicar sobre los aumentos de tarifa entonces implementados y, sin mediar explicación, no fue, precisamente porque no existe una norma al respecto. Estamos en un momento en el que la quita de subsidios a las empresas prestadoras de servicios públicos, como el agua, hace temer una suba de las tarifas. Si bien es por ahora solo alcanzable para ciertos sectores de la ciudad de Buenos Aires, no es menos cierto que no sabemos hasta dónde puede llegar esa medida. Los ciudadanos chaqueños merecemos contar con una autoridad regulatoria de un servicio tan esencial como básico, que bien podría recaer en la autoridad del agua constituida por ley en nuestra provincia, lógicamente dotándola del presupuesto e independencia esenciales para desempeñarse cabalmente en esta materia. Lo que definitivamente no puede continuar son las puertas cerradas al legítimo interés de los usuarios a que sus derechos al agua potable sean protegidos adecuadamente por un organismo regulador que asegure que las tarifas se determinen por procedimientos objetivos, transparentes y verificables y donde el mecanismo de la convocatoria pública para que la sociedad organizada pueda expresarse libremente sea un procedimiento natural y despojado de temores. Con las diferencias naturales, tomar el ejemplo de la provincia de Santa Fe en esta materia sería sumamente saludable.