Publicado: 14-03-2012
  
Córdoba.- El Ceare analiza a pedido de la Secretaría de Energía los números de la empresa. En 15 días tendrán resultados finales. La decisión posterior sería avanzar en una regulación de las tarifas eléctricas de distribución en todo el país. En EPEC admitieron el dato y aseguran que la Nación no tiene jurisdicción para esa medida. Habría ingresado una tercer multa de Cammesa.

El Gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Energía, analiza la estructura de costos de las empresas distribuidoras eléctricas de todo el país, paso previo a una avanzada que incluiría la decisión de regular en adelante las tarifas del sector.

Entre las compañías sujetas a esa disposición se encuentra la Empresa Provincial de Energía (EPEC).

El estudio de costos de las distribuidoras fue encargado por el Gobierno al Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), integrado por técnicos de las facultades de Derecho, de Ciencias Económicas y de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El dato, anticipado a Comercio y Justicia por fuentes del mercado eléctrico, fue confirmado por directivos del Ceare, quienes confirmaron que en 15 días estará concluido el análisis.

Ese centro de estudio se conformó por un acuerdo con el Enargas y con el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) en 2007. Desde entonces ha realizado diferentes tareas, incluso colaborado con estudios para la puesta en marcha del régimen de tarifa social a nivel nacional. En tanto, en EPEC admitieron que están al tanto de ese trabajo y del trascendido sobre una decisión posterior de la Nación de avanzar en la regulación de las tarifas de distribución de todas las compañías, incluidas las provinciales que, como la empresa de Córdoba, dependen de un ente regulador propio.

"Es un estudio que ha contratado la Secretaría de Energía", reconocieron en EPEC y admitieron estar al tanto de la versión que habla de una futura decisión de regular las tarifas eléctricas en todas las distribuidoras.

Actualmente, la Nación tiene incumbencia en los cuadros tarifarios de las grandes distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, pero no en las provinciales que tienen regulación propia.

"Es una decisión que no tendría ningún asidero jurídico", aseguraron en la empresa provincial de energía con respecto a una supuesta determinación de la Nación de ir por las tarifas de los distritos federales que son ajenos a la regulación nacional.

Con todo, la alternativa no parece descabellada atento a los últimos pasos que dio el Gobierno nacional y particularmente la Secretaría de Energía vía la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en relación, por ejemplo, a la EPEC o a la EPE de Santa Fe.

Concretamente, la resolución firmada por el secretario de Energía, Daniel Cameron, de fines del año pasado, instruyendo a Cammesa para que quitara los subsidios a la energía a las distribuidoras que aumentaran tarifas, fue, en la práctica, una virtual intervención sobre ese mercado.

De hecho, esa determinación, anticipada oportunamente por este medio, derivó en sanciones traducidas en "notas de débito" que para el caso de EPEC implicaron 20 millones de pesos en enero, otra suma similar en febrero y, según confiaron fuentes consultadas, también una nueva multa en marzo, cuyo monto sería sensiblemente superior al de las anteriores.

Los débitos -que en rigor no se aplican de manera efectiva y que EPEC no está pagando- son por un monto similar a los ingresos extra que le reporta a la empresa la aplicación del aumento de tarifas autorizado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) y por el propio Ejecutivo, desde el 1 de diciembre pasado.
La suba fue escalonada de 28 por ciento con un primer aumento desde diciembre y con un nuevo tramo desde marzo.

"Está claro que esa decisión de la Nación de advertir que las empresas que subieran iban a perder subsidios por igual proporción, fue un aviso y deja claramente expuesto que van por un control más estricto sobre todas las distribuidoras. Es la sintonía fina que se viene", expresó no sin ironía la fuente del mercado eléctrico en alusión a aquella consigna lanzada por la presidenta Cristina Fernández días después de ganar las elecciones de octubre, en el marco de un discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA).

Pero las especulaciones con respecto a un avance de la Nación en la regulación de las tarifas, más allá de esas señales concretas, también fueron abonadas por otra fuente cercana a la Secretaría de Energía.

"La estrategia es ésa y tiene sustento porque, más allá de tratarse de distribuidoras como la EPEC que operan en un ámbito provincial y con regulación propia, están insertas en un mercado nacional y compran energía en ese ámbito que está controlado por normas nacionales", consideró la fuente, interpretando el argumento que esgrimiría la Secretaría de Energía para avanzar en ese mecanismo.

En EPEC, en tanto, prefieren no arriesgar sobre qué actitud tomarán en caso de confirmarse esa decisión.

Por lo pronto, las notas de débito de Cammesa como sanciones por haber subido tarifas, fueron rechazadas por Carta Documento, consideradas improcedentes y por cierto no pagadas. "Que entren. No las vamos a pagar", dijo ayer casi desafiante una fuente del Ejecutivo. El criterio asumido parece ser el camino que tomaría la EPEC para el caso de una avanzada mayor de la Nación para regular tarifas.

No obstante, sobre ese punto nadie quiere arriesgar opinión y prefieren esperar que la decisión se haga oficial.

El tema es motivo de negociaciones entre el secretario de Energía de la Provincia, Luis Majul, y sus pares en el ámbito nacional. En el paquete también entra la renegociación del contrato entre EPEC y Cammesa por la venta de energía de la central Pilar.

En el fondo, admiten, el tema no está exento del condimento político propio de negociaciones entre administraciones con diferencias insoslayables desde ese punto de vista, más allá de que la discusión tenga que ver con cuestiones técnicas y de números.

En la Provincia también admiten que la situación planteada tiene mucho que ver con la cada vez más estrecha situación fiscal de la Nación.
"El ajuste terminará llegando por distintas vías", resumen.

Por lo demás, una eventual regulación tarifaria desde la Nación implicaría muy probablemente un mayor celo respecto a un aumento de tarifas que impacte sobre los usuarios. En la práctica, las subas serían de menor porcentaje. Aduciría la Secretaría de Energía, números en mano, que las distribuidoras tienen margen para ajustar costos internos y que no ameritan un aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) del nivel propuesto por las compañías. El dato, que tiene su lógica, no corresponde a una hipótesis propia, sino a la de un encumbrado funcionario con cargo nacional y muy empapado de la coyuntura eléctrica en el país y de las políticas de la Secretaría de Energía en este nuevo escenario.

En el caso de la EPEC, ya hubo advertencias sobre la posibilidad de reducir gastos en diferentes áreas, entre ellas la de personal.

Más allá de la sugerencia, la compañía parece haber tomado nota de la situación y ya emprendió un plan de revisión plena de los costos en diferentes áreas, tal como lo anticipó este medio la semana pasada.

La situación financiera de la empresa está hoy al límite.

Como fuere, en caso de una regulación tarifaria de la Nación, las eléctricas provinciales atravesarían una suerte de intervención y deberían arbitrar medios para poder acotar sus costos y afrontar la prestación del servicio que, en el caso de Córdoba, requiere de fuertes inversiones.

La consultora Equity Trust Company Argentina, como fiduciaria del fideicomiso constituido a principios de 2011 para pagar el bono en dólares emitido para la construcción de la central Pilar de la EPEC, publicó ayer por -en una nota dirigida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- los datos correspondientes a la primera rendición de cuentas del período que va del 4 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de ese año. La información refleja ingresos totales por $402,8 millones. De este monto, $381 millones son fondos recibidos por la colocación de títulos y $21,7 millones por cesión de coparticipación. Para esa fecha aún no se registraban ingresos por el contrato con Cammesa por venta de energía.