Publicado: 26-03-2012 
  
En medio del insistente reclamo de Hugo Moyano por el reparto de la millonaria deuda que el Estado mantiene con las obras sociales sindicales, el Gobierno decidió avanzar con una serie de cambios profundos en la Administración de Programas Especiales (APE), con el claro propósito de ejercer un mayor control en el pago de los reintegros a los gremios por los tratamientos médicos de alta complejidad.

Esa decisión forma parte de la ofensiva que la presidenta Cristina Fernández puso en marcha contra el sindicalismo y en particular contra la figura de Moyano al designar a la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld al frente de la gerencia general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), área a la que también transfirió por decreto la administración de la APE.

En la primera medida al frente del organismo que anualmente reparte alrededor de $ 1.200 millones a las obras sociales, Korenfeld desplazó la semana pasada del área de informática de la APE a Christian Asorey, yerno de Moyano y único referente del jefe de la CGT que todavía permanecía en ese organismo. La salida de Asorey generó fuerte malestar dentro de la cúpula cegetista, donde interpretaron la decisión como un intento por disciplinar a sindicalistas en medio de la disputa interna por el recambio en la jefatura de la central obrera.

Sin embargo, las explicaciones oficiales apuntaron a que el desplazamiento de Asorey forma parte de un proceso de reestructuración del APE que busca atender las irregularidades y deficiencias detectadas en un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que sostuvo que las obras sociales sindicales no rindieron cuentas por más de $ 689 millones.