Publicado: 17-06-2013
 
CABA.- Según la Auditoría General de la Nación, la compañía arregló 162 de los 935 km de vías pesadas, el 17 por ciento. "Hubo incumplimiento permanente del contrato", dijo Randazzo a este diario.

Un lapidario informe de la Auditoría General de la Nación, que consigna deudas millonarias de América Latina Logística (ALL) con el Estado, además de falta de inversión y mantenimiento, fue la base argumental del gobierno nacional para quitarle la concesión a esta empresa de servicio de carga ferroviaria. 

El dato fue confirmado a este diario por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a pocos días de de anunciar la drástica medida. "Hubo una conducta de incumplimiento permanente del contrato que está claramente documentada tanto en los relevamientos de la Auditoría General de la Nación como en los de la Comisión Nacional e Regulación del Transporte", señaló el funcionario. Según detalló la AGN, desde el inicio de la concesión hasta octubre de 2012, ALL (en sus dos vertientes, ALL-Central y ALL-Mesopotámica) adeudaba al Estado nacional, por el 70% del canon, $ 237.486.157,65 pesos en concepto de capitales e intereses, superando en 866% la garantía de cumplimiento de contrato. Randazzo estimó que, actualizada a la fecha, "la deuda rondaría los $ 270 millones". Si se tiene en cuenta que, por contrato, el 30% del canon debe ser depositado a favor de la Anses, al día de hoy ALL le está negando a los jubilados alrededor de $ 81 millones. "Amén de los números finos, la falta de pago de seis mensualidades ya habilitaba al Estado a rescindir el contrato. Y, además, iniciaremos acciones legales para recuperar cuanto antes la plata adeudada", aseguró el ministro. La AGN es un organismo autárquico que venía advirtiendo desde hace tiempo sobre las irregularidades de la compañía de capitales mayoritariamente brasileños. De acuerdo con su informe, de los 935 kilómetros de reparación de vías pesada propuestos, se ejecutaron apenas 162 (17 por ciento) mientras que de los 197 kilómetros de reparación liviana previstos en el contrato no se ejecutó ni siquiera un centímetro. El trabajo del organismo que timonea Leandro Despouy –cuya filiación radical sirvió al gobierno para invalidar cualquier especulación respecto de los motivos de la quita de concesión– también consignó que sólo un 12% de los señalamientos comprometidos se realizaron en forma completa y un 20% de manera parcial, destacándose la falta de instalación de 110 barreras automáticas. "Respecto al mantenimiento de infraestructura de vía y obras, señalamiento y material rodante –explica el texto del organismo– no cumplió en tiempo y forma con la presentación de los programas, y en 2008-2011 no cumplió con los trabajos, ocasionando un alto deterioro de los bienes concesionados (...) y comprobándose la sucesión de descarrilamientos." En ese sentido, ya un informe de la Comisión Nacional del Regulación del Transporte (CNRT) había dado a conocer la curva de una estadística escalofriante: en 2011 hubo 114 descarrilamientos, contra 92 de 2010; 106 de 2009; 91 de 2008; y 51 de 2007. Los pasos a nivel, siempre según la AGN, también presentaron fallas de seguridad, "por ineficacia tanto del concesionario como de las autoridades viales a cargo de su mantenimiento". De los 1055 existentes en toda la red, 937 tienen una "señalización pasiva" –sin dispositivos de luces, barreras, alarma–, 11 operan con barreras manuales, 37 con barreras automáticas, y cinco con señalización fonoluminosa. En 2008, el sistema debió haber sumado 150 barreras automáticas pero sólo se instalaron 20 en forma completa y otras 20 en forma parcial. En tanto, en 2011 el plan de mantenimiento contemplaba intervenir preventivamente 90 pasos a nivel, o sea el 8,53%, pero sólo cumplió con el 3,6 por ciento. Tampoco hubo giros para obras de arte y adicionales, pese a un compromiso de inversión en ese sentido del orden de los 4.189.500 dólares. La situación de abandono alcanzó al material rodante ya que ALL no destinó dinero a la reconstrucción de las locomotoras ni a la incorporación de vagones, bogies, contenedores, tractores y trailer portacontenedores. Lo más gráfico de la desidia de la compañía, que hasta la semana pasada operaba en las líneas Urquiza y San Martín, se vislumbra en la flota de trenes, que sufrió una merma del 30% por falta de mantenimiento. "De 5256 vagones dados en concesión, el servicio quedó reducido en 2011 a 3654. De 143 locomotoras, se llega a 2011 con 70." Estos números alteraron los ánimos en el sector gremial. "En ALL se robaban los vagones. Cada vez que había un descarrilamiento, estos que confirma Despouy en su informe, juntaban la carga y dejaban el vagón tirado y desaparecía. Muchos vagones quedaron en Brasil. Si se hace una auditoría seria, esta gente de ALL tiene que ir toda presa", bramó el "Pollo" Sobrero al conocer los detalles del informe de la AGN. El delegado gremial agregó datos propios y condenatorios para la firma: "En ALL-Central, que atraviesa la zona cuyana –lo que en la jerga se conoce como el ramal minero– sólo 1800 kilómetros de vías son transitables mientras que otros 3700 están abandonados; y en ALL-Mesopotámico 1100 son operables mientras que 1600 están abandonados", detalló. A los ojos del sindicalismo más combativo, y atento a las evaluaciones de los organismos de control, todos los servicios ferroviarios deberían quedar bajo la órbita del Estado. El gobierno avanzó en ese sentido en casos específicos –anteriormente fue con el Belgrano cargas y la semana pasada con el Tren de la Costa–, pero aún no tiene definido qué hará con el resto de los ramales operados por los privados.