La iniciativa española es un paso necesario y positivo para que en el país avance hacia un Gobierno más abierto, en donde la participación ciudadana tome efectivamente la figura de elemento esencial en la democracia. No obstante, según el informe publicado en diario El País, “los exigentes compromisos que la ley genera para las administraciones hacen que, en la práctica, el verdadero reto del proyecto sea la implementación efectiva de la norma”.

En primer lugar, el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es extenso: solo queda afuera el Poder Judicial y la Casa del Rey. No obstante, para que todo funcione adecuadamente es necesario que las “comunidades autónomas” participen activamente para lograr que todos los organismos se interconecten.

Si bien existen distintas páginas web con información de administraciones españolas, la novedad es que la ley intenta ir un poco más allá de la información económico-presupuestaria y estadística, hasta ahora pública.

¿Cómo se llevará a cabo? Por ejemplo, el decreto exigirá a las Administraciones que elaboren programas anuales en los que se fijarán objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución e incluso que se evalúen y publiquen los resultados de la evaluación. El proyecto de ley también se compromete a publicar los textos de los proyectos de ley y de los reglamentos, lo cual permitirá a los ciudadanos opinar sobre ellos antes de su aprobación definitiva.

Pese a estos avances, el proyecto no incorpora a la “publicidad” ni los informes finales derivados de auditoría y fiscalización llevadas a cabo por los órganos de control interno de los distintos gobiernos. Tampoco incluye las actas de las comisiones de contratación. Y, lo que es peor, no establece ningún sistema de sanciones frente al incumplimiento de esta obligación de información activa.

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, se reconoce de forma explícita como un derecho general. En este contexto, el acceso a la información será gratuito y el procedimiento para ejercerlo será sencillo y ágil.

En conclusión, según el diario El País, para que esta ley sea eficaz, requiere varios requisitos: presupuestos que permitan desarrollarla, una formación de los funcionarios en la norma y en los valores que representa, una reorganización de los datos existentes para que se publiquen de forma que sean reutilizables por la ciudadanía, el impulso y desarrollo del llamado Gobierno 2.0, a través de la Web y las redes sociales. En pocas palabras, se necesitan sistemas que faciliten la comunicación y la participación de los ciudadanos.