Tanto el intendente  de Villa Carlos Paz, Carlos Felpeto como los ediles que le responden en el Concejo de Representantes están convencidos de que la elección de defensor del Pueblo, que establece como una obligación la Carta Orgánica Municipal para el mes de octubre, es una imposición muy difícil de cumplir en la actual coyuntura política y económica que vive la ciudad y el país.

 «Si bien es cierto que los convencionales constituyentes incluyeron en la Carta Orgánica un artículo exigiendo que se elija defensor del Pueblo antes de que finalice octubre de este año, también determinaron en otro de sus párragos que no se pueden poner en funcionamiento los nuevos organismos municipales sin que previamente existan las partidas financieras de rigor. Este presupuesto 2008 fue aprobado en diciembre pasado sin considerar los numerosos cargos creados en la Carta Orgánica. En consecuencia, ni la Defensoría del Pueblo, ni el auditor, por nombrar algunos casos, tienen partidas para funcionar. Tampoco se han previsto los recursos necesarios para realizar la elección»; destacó en diálogo con LA MAÑANA el edil Luis Morcillo Suárez, presidente del Consejo de Representantes.

 Si bien en el bloque radical no existe una posición uniforme al respecto, los concejales más cercanos al intendente Felpeto están convencidos que no existe el contexto político ni económico para realizar el comicio, tal como reclamaron dirigentes de distintos partidos de oposición.

 «Este año fue necesario readecuar el presupuesto original por el aumento otorgado a los empleados municipales, que tendrá un impacto anual del orden de los 4 millones de pesos, cifra que obviamente no estaba prevista el año pasado al momento de estimar los gastos anuales. Fue necesario acomodar una serie de partidas, recortando gastos de otras secciones. Ahora tendríamos que hacer algo parecido, pero no hay margen para ello», continuó el concejal oficialista.

 En el Departamento Ejecutivo existe una posición similar. Los colaboradores del intendente Carlos Felpeto aseguran que los aumentos otorgados al personal de planta permanente, a los contratados y a los médicos superaron ampliamente las posibilidades del municipio.

 «No hay margen para gastar más dinero no presupuestado. Además el contexto político y económico del país, con una crisis impredecible generada por el enfrentamiento entre el campo y el gobierno nacional no deja margen para votar. Sin fondos y sin plafón político, la elección debería postergarse», aseguró uno de los secretarios del Ejecutivo, sintetizando de manera indirecta el pensamiento de Felpeto.

 Morcillo Suárez sabe que es posible cambiar varias partidas. Incluso el concejal Esteban Avilés presentó un proyecto para modificar algunas asignaciones presupuestadas, con el fin de liberar 100 mil pesos para la elección.

 «Con esa cifra no alcanza para hacer la elección. Se necesitan al menos 200 mil pesos. A este dinero hay que sumarle los fondos necesarios para que funcione en noviembre y diciembre la Defensoría. La única opción que veo es aumentar las tasas pero me parece algo inviable por el momento», enfatizó Morcillo Suárez.

 Si bien es cierto que el oficialismo teme la realización de un comicio tan atípico como el del defensor del Pueblo, también lo es el argumento de que no existe el suficiente respaldo económico para gastar 250 mil pesos no presupuestados en este rubro.

 Las autoridades temen que la crisis se agrave y que eso impacte desfavorablemente en la recaudación de tasas propias y en la llegada de la coparticipación provincial, poniendo en riesgo la ejecución de planes y programas claves en materia turística, de salud, obras públicas y educación.

 Teniendo en cuenta estos fundamentos, el oficialismo radical sería partidario de prorrogar el comicio hasta el año próximo con la doble excusa de que no hay partidas aprobadas y de que la creación de la Defensoría del Pueblo aún no fue reglamentada.

 Si se mantiene esta posición, segúramente este polémico tema terminará por judicializarse.