Córdoba.- Bajo la lupa por presuntas irregularidades, el manejo que realiza la Administración de Programas Especiales (APE) –un organismo nacional descentralizado, bajo la órbita del Ministerio de Salud– tiene impacto sobre algunas obras sociales cordobesas que sufren atrasos en el reintegro de prestaciones especiales.

Integrantes de algunas obras sociales cordobesas denunciaron, incluso, que hay consultoras de Buenos Aires que ofrecieron por carta sus servicios para acelerar en la APE los expedientes atrasados, gestión que rozaría la ilegalidad, por tratarse de un organismo público.

La APE está destinada a reintegrar a las obras sociales prácticas de alta complejidad, tratamientos contra el sida, medicamentos de alto costo, atención de discapacitados y prácticas para patologías poco frecuentes, no nomencladas.

El pasado lunes, el Gobierno nacional designó a Manuel Alves como nuevo gerente general del organismo, en reemplazo de Daniel Mario Colombo Russel, un hombre que reportaba directamente al titular de la CGT, Hugo Moyano. El nuevo funcionario es un abogado ligado al ministro Juan Manzur y se desempeñaba como gerente de Asuntos Jurídicos en la Superintendencia de Seguros deSalud.

El Senado aprobó el miércoles el envío al Poder Ejecutivo de un informe de la Auditoría General de la Nación que señala posibles irregularidades en la distribución de fondos de la APE, que maneja un presupuesto anual de más de mil millones de pesos. Pero ese pedido de investigación, avalado por el oficialismo, está referido al período que va de 1998 a 2005.

Desde que Graciela Ocaña se fue de la cartera de Salud en 2009, la APE quedó en manos de Colombo Russel, quien es abogado del sindicato de camioneros de Florencio Varela.

Pese al alejamiento del moyanista, permanecerán en sus cargos otros dos gerentes que responden al líder sindical: el de Jurídicos, Abel Beroiz (hijo del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros) y Cristian Asorey, del área Informática.

Las obras sociales que más deben peregrinar para conseguir el reintegro de las prestaciones que contempla la APE son aquellas que no están alineadas a la CGT que conduce Moyano y las de menor tamaño, con escaso poder de presión.

Las obras sociales más grandes –caso Smata (mecánicos), UOM (metalúrgicos) o la Asociación Bancaria– manejan los fondos de sus asociados directamente desde Buenos Aires y se encargan del pago de las prestaciones que se realizan en Córdoba. En el caso de la Bancaria, permanece intervenida desde el escándalo de los medicamentos truchos que llevó a la cárcel a Juan José Zanola.

Una obra social pequeña, como la de prensa de Córdoba (4.200 afiliados), padece el atraso de reintegros por alrededor de dos millones de pesos. El organismo adeuda 700 mil pesos en un solo tratamiento oncológico realizado entre agosto de 2009 y julio de 2010. Y hasta el reintegro por un implante coclear realizado en 2008, cuando tuvo un costo de 68 mil pesos.

Además de ser una obra social chica, el sindicato de prensa de Córdoba (Cispren) está alineado en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), enfrentada con la CGT.

Pero también desde la delegación local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario adjunto, Rubén Urbano, consideró que la APE "es una gran caja" y que se "habría prestado a prácticas corruptas". El dirigente, enfrentado con el titular de la UOM, Augusto Varas, advirtió que casi 10 mil afiliados de la obra social de la UOM se fueron a las prepagas. Sólo quedan siete mil afiliados.

En tanto, desde la obra social del Smata admitieron que "siempre hay una deuda" y que hay prestaciones que transitoriamente son cubiertas con fondos sindicales hasta que se concretan los reintegros.

Indicaron que en el caso de la APE "no hay una gran deuda" y los prestadores "nunca dejaron de cobrar, ya que la mora sólo alcanza un máximo de 90 días. El Smata dijo que la APE ya les liquidó todo el año 2010. Una contracara de lo que sucede con obras sociales pequeñas y que están fuera de la CGT.