La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que docentes registrados en más de una Junta de Clasificación recibieron distintas evaluaciones de puntaje para el mismo título y cargo, evidenciando la “inexistencia de un criterio unificado para el tratamiento de las diferencias que se presentan en la valuación de determinados títulos”. Esta es una de las observaciones que se deprende del informe que se realizó en el Ministerio de Educación con el objetivo de analizar la actividad de las 14 Juntas durante el año 2009.

El Estatuto del Docente establece que las Juntas son las encargadas de otorgar puntaje a los títulos, formular las nóminas de aspirantes a ingresar a la docencia, acumulación de cargos, suplencias y ascenso de jerarquía e interinatos, todo ello por orden de mérito. Sus miembros tienen también asignada la labor de clasificar y ordenar un número de legajos determinado. Pero la auditoría porteña descubrió que no solo algunos de los legajos no están foliados –haciendo factible la pérdida de documentación-, sino que tampoco existen procedimientos para el tratamiento ni un espacio físico adecuado para su guarda.

Además, la clasificación personalizada de los legajos no cuenta con una “revisión posterior de otro integrante de la Junta”, perjudicando la transparencia del proceso de puntuación y selección, lo que a su vez genera, según la AGCBA, que “ante un error en el análisis de la documentación existente en el legajo, aquél no pueda ser subsanado”.

Las irregularidades detectadas por la AGCBA, como “la clasificación manual, la ausencia de control por oposición y las inconsistencias que presenta la Base de Títulos”, hacen que la asignación de cargos y puntos no sea ni justa ni adecuada, alterando así la posibilidad de los docentes de acceder a una plaza que, por mérito, les pertenece.

Los Miembros

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad informó que durante 2009 eran 565 los agentes que se encontraban trabajando en las Juntas. Pero según los datos relevados al momento de la auditoría, obtenidos mediante constatación con el registro de asistencias, 328 eran las personas que realmente se encontraban registradas, un 42,1% menos de lo notificado por la Dirección.

Los auditores también detectaron que de una muestra de 35 agentes que debían desempeñar funciones en las Juntas, seis se encontraban trabajando en otros organismos, 18 no se sabían en qué junta se encontraban y en cuatro casos no se halló certificación de servicio. Asimismo, los organismos detectaron que “las resoluciones que aprueban la afectación del personal docente a cada una de las Juntas, no especifican su lugar de desempeño”.