La Auditoría General de la Nación (AGN) no pudo emitir opinión sobre la situación patrimonial, los recursos y gastos de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, que tiene como fin otorgarles a los maestros y profesores un complemento que enriquezca su jubilación. Esto se dio por limitaciones en torno al sistema de información contable.

Los principales inconvenientes para recavar los datos contables de la Caja fueron “la incertidumbre respecto del universo de aportantes, sobre el futuro del régimen y la información de los créditos y previsiones”. El informe, aprobado este año, analizaba los períodos 2006 y 2007.

Cabe destacar que el régimen se financia, especialmente, con el aporte de los afiliados, equivalente al 4,5 % de la remuneración de cada docente. No obstante, la AGN observó que la Caja no tenía información actualizada sobre “la totalidad de los aportantes y de los agentes de retención” (empleadores que retienen y entregan los aportes), como tampoco sobre los aportes individuales de cada docente. Este último punto se evidencia porque “el alta de los beneficiarios -para que comiencen a percibir el beneficio- se realiza a través la documentación que éstos mismos acreditan”, o sea, como se dijo anteriormente, no tiene información sobre los aportes de cada afiliado.

Si bien el alcance del trabajo de la Auditoría llega hasta 2007, se agregó que en 2008, “la Dirección de la Caja resolvió aprobar por unanimidad la constitución de la Comisión de Reforma y celebrar un acuerdo con las entidades gremiales de docentes privados para garantizar la regularización de los aportes y salvaguardar el salario de los docentes”.

Volviendo al período analizado, el organismo de control explicó que “la Caja no entregó información relevante respecto de las últimas tablas salariales que utilizó para calcular el monto que le pagaría a los jubilados y pensionados”.

La AGN, en tanto, indicó que “el sistema de registración contable no contaba con controles sistemáticos sobre la información ingresada, el procesamiento y su resultado”. De hecho, “utilizó un sistema que no era suficiente para el volumen de transacciones”, y realizó la previsión de deudores incobrables –cálculo del dinero que debería cobrar y cuya probabilidad de que así sea es remota o poco probable- sin un registro que le brinde la información estadística sobre el comportamiento de los créditos. Es decir, estimó estos montos sin información apropiada, por lo que también se detectó que la previsión para el 2007, $ 124.031.118,80, se incrementó en relación al ejercicio 2006, $ 51.773.685.

Por último, y en vinculación con el tema anterior, se observó que “para ciertas causas los abogados eran contratados directamente por el Consejo de Administración de la Caja, sin que haya una intervención por parte de la Gerencia de Asuntos Legales, que -aunque debería hacerlo- ni siquiera efectuaba controles sobre las actividades desarrolladas en esas causas judiciales”.