El Instituto Provincial de Vivienda de Salta (IPV) compró, para la construcción de viviendas, unos terrenos en donde había funcionado la ex-industria boroquímica Baradero S.A. Un informe de la Auditoría general salteña indicó que la compra, que se realizó en 2000, se llevó a cabo pese a saber que los predios se encontraban contaminados con el elemento químico boro.

Según el informe, el precio pagado por el Instituto fue por terrenos “en condiciones de ser utilizados para la construcción de viviendas”, es decir, se abonó por las parcelas un precio mayor al que correspondía debido a que presentaba una enorme desvalorización como consecuencia del alto grado de contaminación.

El terreno fue comprado por $ 580.000, importe que fue autorizado al momento de la operación por el IPV. No obstante, la Dirección General de Inmuebles realizó una tasación en la que estimó que, tomando como base el "valor real actual” de los terrenos, en realidad costaban $ 510.136. La diferencia fue de $ 69 mil, sin contar la recuperación ambiental.

Para calcular cuánto cuesta el saneamiento ambiental, la Auditoría efectuó un estimativo tomando una de las alternativas propuestas por la Ex Secretaría de Medio Ambiente en 2006. Del análisis se desprende que “para la recuperación de los terrenos se hubieran requerido $ 8.259.401” a valores de enero de 2010, cuya equivalencia a enero de 2001 es de más de $ 2 millones. Ello constituye según los auditores “un perjuicio al erario provincial”.

A estas irregularidades se le suma otra observación de los auditores: la adquisición de los inmuebles fue realizada por contratación directa. Según la Ley de Contrataciones de la Provincia, este tipo de negociación tiene lugar únicamente cuando existen “probadas razones de urgencia o emergencia”. Sin embargo, el organismo de control no encontró razones que justifiquen la emergencia de la compra. Solo, en los considerandos de la Resolución que autoriza la transacción, se invoca como urgente los dichos del Intendente de la Capital, en relación a la “necesidad de dirigir el crecimiento y el desarrollo poblacional de la Ciudad de Salta”.

El organismo también resalta el “incumplimiento del destino para el cual fueron adquiridos los inmuebles”. Es que desde la adquisición de los terrenos, en el año 2000, hasta la fecha la finalización de la auditoría han transcurrido más de nueve años y aún no se han recuperado y, consecuentemente, utilizado los terrenos adquiridos por “necesidad o emergencia”.

Una cuestión ambiental

En julio de 2001 se inició una causa judicial a raíz de los reclamos efectuados por los vecinos al predio de la ex-boroquímica, debido a una posible contaminación con boro en los terrenos. En ese expediente hay un informe de la Secretaría de Ambiente, del año 2001, que notifica que “los suelos presentan graves limitaciones como consecuencia de los contenidos de sales y excesivos valores de boro”. El mismo documento recomienda, en relación a las construcciones, “efectuar ensayos de agresividad de las sales hacia los materiales constructivos”, debido a que, al momento de las tareas de campo, la Secretaría observó que “las columnas de las instalaciones de la planta presentan signos evidentes de alteración por ataque de las sales provenientes del proceso industrial”.

Un informe del Programa de Saneamiento Ambiental y Toxicología, que también figura en el mismo expediente, advierte que hasta tanto no se revierta la situación, consideran que “dichos terrenos no son aptos para el desarrollo de actividades tanto humanas como agropecuarias”.