Chubut.- Tras el anuncio de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, del envío al Congreso de la ley que protege áreas rurales, ayer trascendió que en Chubut hay "no menos de 500 mil hectáreas en manos de extranjeros". Así aseguró el diputado de la UCR, Carlos Lorenzo. El proyecto anunciado por la jefa de Estado facilitará el control de la venta ilimitada, aunque habrá que profundizar "en las operaciones judiciales que se hacen para evadir a las escasas leyes vigentes", analizó Lorenzo.

Chubut no está al margen de la enajenación de tierras. Según los últimos datos, unas 500 mil hectáreas están en manos de extranjeros.

La venta ilimitada de tierras a capitales extranjeros en Chubut, muchas de esas operaciones "escondidas" en sociedades anónimas, podría tener un freno legislativo muy significativo si avanza a nivel nacional el proyecto anunciado ayer por la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de "no menos de 500 mil hectáreas en manos de extranjeros", según aseguró el diputado provincial de la UCR, Carlos Lorenzo, quien incluso viajó a Capital Federal para relevar las transacciones que fueron informadas, "aunque todos sabemos que en nuestra provincia es incalculable la cantidad de tierras en poder de Sociedades Anónimas, lo que podría aumentar esa cifra que, desde ya es alarmante".

En ese contexto, el anuncio de la Presidente del proyecto de ley "para la protección del dominio nacional de las tierras rurales", con el fin de enfrentar la "profunda desinformación del estado dominial" es una noticia que fue bien recibida en Chubut tanto por oficialistas como dirigentes de la oposición.

El propio Lorenzo aclaró: "la legislación vigente es muy débil y no hay forma de frenar que los extranjeros se escondan detrás de las sociedades anónimas, que tengan socios locales que figuren como titulares, pero que en realidad los patrones sean gringos o de otras nacionalidades", dijo el diputado.

Precisamente, Cristina Fernández reconoció que "el objetivo es la protección de un recurso estratégico no renovable" y sostuvo que "se trata de una ley sencilla, que habrá que adecuarla a las diferentes zonas del país", precisó.

Antecedentes

La Argentina entre otros recursos apetecibles para el mundo cuenta con dos fundamentales: agua dulce y grandes extensiones de tierras aptas para la producción o para la explotación de su subsuelo.

En el país, la venta de inmuebles rurales a extranjeros no está regulada (por eso el Gobierno nacional avanzó ayer con el envío de la nueva ley) ni existe un registro oficial de tales operaciones.

Por lo tanto es imposible contar con datos ciertos sobre la cantidad de hectáreas que ya han pasado a manos foráneas en las distintas provincias. Particularmente, a legisladores y entidades preocupan las denominadas "zonas de seguridad", que son las tierras ubicadas en los 150 kilómetros de las fronteras y a 50 kilómetros de las costas.

En su momento Natalia Valeri, asesora de la diputada nacional por la Coalición Cívica Susana García -autora junto con Elisa Carrió de varias iniciativas de ley- , estimó que sobre la base de información recogida, en todo el país casi 17 millones de hectáreas se encuentran en ventas u ofrecidas y que entre 27 y 30 millones ya pasaron a capitales extranjeros. La variación se debe, precisamente, a la carencia de registros sobre las operaciones.

Irregularidades en la patagonia

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, indica irregularidades en operaciones de compra y venta de tierras limítrofes patagónicas. El objeto de la auditoría era examinar el control ejercido por la secretaría de Seguridad Interior (SSI) del ministerio del Interior en la compra venta de tierras por extranjeros en áreas de frontera en la zona andino-patagónica, "a efectos de determinar su impacto en la gestión de los recursos naturales".

De allí se desprende que Chubut y Santa Cruz "son las provincias con mayor incumplimiento", mientras que la iniciativa anunciada por la Presidente, junto a otros proyectos similares, prevén poner límites a la compra por parte de personas residentes en el extranjero de tierras en nuestro país y apuntan, fundamentalmente, a extensos terrenos patagónicos que son buscados por su alto potencial.

En ambas provincias patagónicas sobresale la falta de documentación, formularios incompletos, dudas sobre la titularidad de los inmuebles y la existencia de bosques nativos son algunas de las irregularidades comprobadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).