La Provincia deberá justificar las erogaciones realizadas para la remodelación y ampliación de la Textil Escalada, reabierta en Los Ralos a fines de octubre de 2008 luego de 30 años de estar cerrada, en un acto con la presencia de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto 4.744, del 29 de diciembre del año pasado, por el cual revocó el cotejo de precios realizados por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) para adjudicar la obra. Este trámite había sido formalmente objetado por el Tribunal de Cuentas (TC) en su acuerdo Nº 3.586, ya que los trabajos se realizaron antes de poder ser controlados por este ente.

Las obras fueron adjudicadas el 11 de setiembre de 2008 a la empresa Covrat Construcciones (de propiedad de Arturo Sotomayor) por casi $ 800.000. Cuando llegó el trámite al TC para su supervisión, los contadores y los ingenieros fiscales advirtieron que ya se encontraba ejecutada, y luego la DAU informó que las reparaciones y los acondicionamientos parciales en la fábrica se hicieron a comienzos de octubre de 2008, con el objetivo de resguardar las máquinas provistas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

"El procedimiento de contratación de la obra no ha sido debidamente respetado. El control preventivo resulta inidóneo por no responder a la conformación fáctica jurídica del caso", afirmaron los vocales del TC, Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. En su acuerdo de objeción dictaron severa advertencia a las autoridades de la DAU y ordenaron que se realice una comprobación sumaria para investigar los hechos. La abogada fiscal Viviana Gasparotti estará al frente de este relevamiento, y deberá elevar sus conclusiones en 60 días.

Explicaciones

"Reconocemos que el procedimiento no fue el correcto por lo que fue dejado sin efecto, y estamos enderezando el acto administrativo, que se ejecutó sin autorización previa por el apuro que había. Los gastos fueron realizados con fondos nacionales respecto de los que, si no se empleaban en un determinado tiempo, no podíamos rendir cuentas y no nos liberaban la segunda partida para las inversiones", explicó ayer el secretario General de la Gobernación, Ramiro González Navarro.

El funcionario destacó que los trabajos están efectivamente realizados y en los valores correspondientes a las cotizaciones del mercado, por lo que consideró que no habrá inconvenientes para que el TC los apruebe.