De un análisis de las “contrataciones relevantes” que realizó la Secretaría de Turismo durante el ejercicio 2005, la Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que la dependencia “no cuenta con un plan de compras” que permita ordenar la ejecución de su presupuesto. Así, el organismo de control detectó “deficiencias” como “contrataciones directas” que no tenían su “debida justificación”, falta de fundamentación de los precios adjudicados y la “omisión de procedimientos de verificación de las obligaciones” que tenían los concesionarios sobre las unidades turísticas. Es decir, no se controló si las empresas respetaron lo establecido en los contratos, por ejemplo en cuanto a planes de inversión, y, por consiguiente, no se sancionó los incumplimientos que pudieron haber generado un perjuicio económico al erario público.

Para elaborar el informe, que fue aprobado en noviembre de 2008, la AGN examinó 37 órdenes de compra de Turismo por $ 90.444.682, que representaron el 90% del dinero adjudicado para contrataciones y compras en 2005.

En esa muestra figuran varias operaciones por fuera de la modalidad de licitaciones en las que no hay justificación de la conveniencia de los precios que fueron adjudicados. Es el caso de las contrataciones directas 128 y 129/05, por $ 388.427 y $ 400.752 respectivamente, en las que se adquirieron servicios de “estrategia de comunicación”, y la 233/05 en la que se contrató un “servicio de televisación” por $ 520.830.

Cuando una dependencia de la administración pública realiza una contratación directa debe argumentar, entre otre otras cosas, la “exclusividad” de un prestador de servicios para no iniciar un proceso de licitación. Sin embargo, “no se encontró fundamentación de la exclusividad alegada” en el expediente 124/05, por el que la Secretaría de Turismo convocó a un “especialista en marca país” con dos órdenes de compra de $ 1.700.000 y $ 250.000.

En 2004, un año antes del período que analizó la AGN, se llamó a una licitación pública para la explotación de los hoteles, bares y comedores de la Unidad Turística Chapadmalal por un período de cuatro años. Las empresas adjudicadas fueron Resaka SRL, Catering Argentina SA y Alta Tecnología Alimentaria SA por montos algo superiores a los $ 15 millones. El organismo de control detectó que, en esas operaciones, no constó “el cumplimiento de la garantía adicional” que las firmas debían presentar sobre los bienes afectados a la concesión por eventuales daños, “tal como lo prevé el artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares”.

No obstante, en marzo de 2007, la Auditoría revisó la Unidad Turística y comprobó una serie de incumplimientos en las obras que estaban estipuladas en los contratos.

Por ejemplo, Resaka SRL no construyó cinco baños, “una rampa para discapacitados” ni reparó el 50% de los postigotes de uno de los hoteles que explotó. Todas estas obras debían hacerse durante el primer año de concesión.

En el caso de Catering SA no se readecuaron dos baños ni las rampas para personas con movilidad reducida en uno de sus hoteles y, en otro de los complejos, tampoco se hizo la reparación parcial de la cubierta. Los trabajos también debían realizarse en el primer año de contrato.

Y en uno de los hoteles de Alta Tecnología Alimentaria SA no se readecuaron dos baños para discapacitados ni se instaló un ascensor, y el lavadero y la farmacia que estaban previstos, no estaban habilitados.

En todos estos casos, la AGN no pudo constatar que la Secretaría de Turismo haya “aplicado las medidas correctivas o sancionatorias ante los incumplimientos”.

El organismo de control también descubrió irregularidades en la concesión de la Unidad Turística de Embalse, en Córdoba, sin que Turismo sancione la inobservancia de los plazos previstos para obras que, según los contratos, eran obligatorias.

La empresa Servicios de Alimentos SA tenía ocho meses, contando desde junio de 2005, para habilitar la pileta de uno de los hoteles que explotaba, pero no lo hizo. Tampoco cumplió el cronograma de obras para el primer año de contrato en otro de los hoteles, que incluía la remodelación de tres baños por $ 19.300, la instalación de un ascensor y una rampa para discapacitados por $ 60 mil, ni la reparación del 60% de los postigotes por $ 9.330.
     
Por último, la firma General de Abastecimiento SA – Salvador Bautista Pérez y Otros SA no cumplió el cronograma de obras para su primer año de explotación en dos hoteles, ni puso en funcionamiento los locales de hostería y lavandería previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.