El representante ante el Consejo de la Magistratura sigue siendo una incógnita

Siguen cerradas las urnas utilizadas en la elección del representante ante el Consejo de la Magistratura, por el Colegio Público de Abogados de Ushuaia. En instancia de apelación, se espera un fallo que permita incluir a unos sesenta abogados que quedaron fuera del padrón de la justicia electoral. Raúl Aciar, presidente del Colegio, recordó que son los responsables de la matrícula y mostró interés en una pronta definición para conocer el nombre de quien integrará el organismo de selección de jueces. Además opinó sobre la causa que investiga la contratación de un estudio de abogados por parte del BTF.

Río Grande.- Mientras el Colegio Público de Abogados de esta ciudad pudo conocer el mismo día de la elección el nombre de su representante, el Dr. Carlos Andino, los profesionales de Ushuaia siguen a la espera del fallo de la Cámara de Apelaciones, tras la demanda iniciada contra la justicia electoral por la falta de inclusión de unos sesenta matriculados.

Se trata de la elección del abogado que integrará el Consejo de la Magistratura, y que todavía no está cerrada para el caso de la capital fueguina.

"El padrón que oficializó la justicia electoral está integrado por no todos los abogados que entendemos que deben integrarlo. Hay una diferencia sustancial de unos sesenta abogados, esto representa el 20 por ciento del padrón, entonces hicimos la petición de inclusión y el juez electoral resolvió que no tenía la certeza de que los domicilios que nosotros informamos sean los actuales de esos abogados", explicó el presidente de Colegio, Dr. Raúl Aciar.

Los argumentos en contra de la posición del juez electoral son varios, y se basan en las facultades que otorga al Colegio la ley 607, puesto que delegó una actividad propia del Estado provincial, como lo es el control de la matrícula de los abogados. "Es decir, nosotros certificamos la autenticidad de los títulos con el pedido de informes a las universidades que han expedido los títulos de los abogados que vienen a matricularse en Ushuaia. La matriculación por ley es obligatoria, es decir que todo aquel que quiera trabajar de abogado en Tierra del Fuego tiene que matricularse. Entonces, es el Colegio de Abogados quien informa al juez electoral quiénes son los abogados", replicó, tal como fue planteado en la demanda.

El Dr. Aciar manifestó que siguen a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, para poder integrar el órgano de selección de jueces. "La resolución sea como fuere, lo que va a posibilitar es abrir las urnas y producir el escrutinio. Estamos preocupados por esto porque nos interesa la integración en el Consejo de la Magistratura y saber quién es el abogado que va a ocupar el cargo", dijo, apuntando que en la elección participaron cuatro profesionales, Oscar Suárez, Demetrio Martinelli, Teresa Leopardi y Clemente Vidal Oliver.

En otro párrafo Aciar subrayó que los colegios matriculan abogados que se desempeñan tanto en el área privada como en el área estatal, reiterando que es una obligación legal.

Consultado acerca de si se cumple la matriculación de abogados del Estado, dijo que sí, en términos generales. "Nosotros como tenemos esta tarea por ley, cada vez que somos anoticiados de que el Estado designa algún abogado que no está matriculado, obviamente hacemos la denuncia y la petición al Estado. Esta es una situación irregular, porque la ley obliga a todo el mundo, también al Estado provincial, y debe cumplir con el mandato antes de designar al abogado. Hemos tenido algunas irregularidades, lo hemos denunciado y los abogados del Estado se han matriculado", afirmó.

Asimismo, planteó que hay una doble responsabilidad frente a estas irregularidades, "por un lado el Estado que designa a sabiendas de que el abogado no tiene matrícula, y por otro del abogado que acepta la designación a sabiendas de que no está matriculado en la provincia".

La falta de matriculación fue el punto de partida de un juicio administrativo de responsabilidad que tramita el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Precisamente por haber tomado el BTF a uno o más abogados de Buenos Aires sin matrícula provincial, el Colegio notificó al Directorio y, ante la falta de respuesta, recurrió al Tribunal de Cuentas.

"Lo hicimos desde principios del año 2009, enterados de que en el BTF estaba trabajando un abogado como tal, y no estaba matriculado. Lo primero fue requerir a las autoridades del Banco que cumplan con la ley 607 y procedan a notificar a este colega que debía matricularse. No fue receptada nuestra petición y esta irregularidad se presentó ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía de Estado. Por este motivo el Tribunal de Cuentas hizo una investigación y llegó la conclusión de que debía iniciar juicio administrativo de responsabilidad contra el Directorio del Banco que había contratado con este estudio de abogados de Buenos Aires", relató Aciar.

A raíz de esta intervención no sólo se investigó la falta de matrícula, que hasta podría interpretarse como un tema menor, sino el tenor del contrato celebrado entre las partes, donde habrá más derivaciones.

Por un lado el monto del contrato fue observado, si bien desde el Colegio Aciar dijo no estar "autorizado para decir los importes", y por el otro se avanza en la investigación de un seguro contratado para cubrir a los funcionarios condenados a pagar con su patrimonio, puesto que se abona con fondos del Estado.

"El Tribunal de Cuentas inició el juicio administrativo porque el Banco había realizado un contrato para que éstos hicieran las mismas tareas que estaban haciendo los abogados que ya tenía dentro de su plantel. En segundo lugar la contratación no se había hecho por ningún tipo de selección, y nuestro Colegio de Abogados también tiene como función la defensa de los abogados en ejercicio de su profesión", dijo Aciar, dando cuenta del reclamo de acceso a los cargos mediante "sistemas que sean igualitarios".

"Acá lo que hubo fue una contratación directa de un estudio de abogados", subrayó, y recordó que la Constitución "impide o prohíbe la contratación de profesionales para tareas que ya estén cubiertas por los profesionales que la provincia tiene en su plantel".

Con respecto a la información sobre una posible contratación de un seguro por parte de los integrantes del Directorio del Banco, con un costo que rondaría los 70 mil dólares anuales según trascendidos, para cubrir a los funcionarios de eventuales juicios en los que deban responder con su patrimonio, el Dr. Aciar prefirió no opinar hasta conocer el tenor del contrato con la aseguradora.

"Ignoro el detalle de esa contratación, y abogado que no ve los papeles, no debe opinar. Yo no he visto ese contrato", sostuvo.

No obstante, consideró que "si esto fuera así hay que ver la normativa del banco, a ver hasta dónde se puede gastar dinero público para asegurar cuestiones de naturaleza privada".

Cabe indicar que la responsabilidad por fallas en la gestión pública es personal, patrimonial, y así lo dice la Constitución, pero el seguro lo paga el Estado en este caso que investiga el Tribunal de Cuentas. "Habría que ver bien cómo es el contrato -insistió Aciar-, de todas formas no es del caso en un sentido genérico prever que un gerente o funcionario que se equivoque, deba pagar el daño hecho a un tercero y lo haga el seguro, con un costo que paga el Estado", concluyó.

Ante información recabada por este medio sobre el pago de un monto que rondaría los 70 mil dólares anuales, para asegurar a miembros del Directorio de eventuales juicios patrimoniales, este medio se comunicó con las autoridades en busca de una confirmación o bien de una desmentida.

Sin embargo el organismo, que conducen dos personas de fuera de la provincia, expresó como condición para otorgar la entrevista, que el medio remita las preguntas por escrito para a la vez enviarla al lugar de residencia del Presidente.

La solicitud es rayana con la censura previa, puesto que en ningún caso los entrevistados, del organismo público o privado que fuere, incluso de fuera de la provincia, han avanzado en una condición similar. Haber accedido a ella, implicaría conceder que puede ser un mecanismo válido para obtener respuestas de las autoridades, lo que de ninguna manera este medio está dispuesto a hacer.

Hacemos público lo ocurrido para dar fe del intento por obtener respuestas y aclarar los motivos por los cuales no hay palabra oficial en este caso, ni en otros anteriores en esta gestión del BTF.