Publicado: 08-09-08

Tandil.- Fue publicado recientemente, es por gastar más de lo elevado en presupuestos originales y aprobado por el Concejo Deliberante. Hay cargos tanto para Miguel Lunghi como para Nilda Fernández. Cuestiona el gasto de la réplica, la movilización de aparato a Casa Rosada, la licencia Nogués y compras directas.

"Corresponde que el Honorable Tribunal de Cuentas desapruebe los gastos extralimitados, con formulación de cargo. A su vez, el artículo 243 de la misma norma legal, concordante con el artículo 16 de la Ley 10869, establecen que tales cargos lo serán hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio".

Eso determina el último fallo que publicó ese organismo de contralor respecto a las cuentas públicas del gobierno de Miguel Lunghi, y que se puede consultar desde hace pocos días.

En rigor, se trata del ejercicio de la administración municipal mientras "estuvo a cargo del intendente Miguel Angel Lunghi (del 01/01 al 05/01; del 19/01 al 09/05; del 13/05 al 07/11 y del 11/11 al 31/12/06) y del intendente interino Hugo Escribano (del 06/01 al 18/01; del 10/05 al 12/05 y del 08/11 al 10/11/06).

En 2006, la presidenta del Concejo Deliberante aún era la radical Nilda Fernández, y el organismo también se expidió sobre las decisiones del otro poder.

El Tribunal indicó en su fallo –de manera particular- que "por voluntad de la ley, apoyada en la norma constitucional, el Concejo Deliberante examina las cuentas elevadas por el Ejecutivo, aprobándolas o no, según entienda. La actividad del Cuerpo debe interpretarse como un real control de gestión, abarcativo de todos los momentos incluidos entre la apertura y cierre del ejercicio".

Y, entonces, particularmente sobre el avance de las decisiones financieras de Lunghi señala que "conforme las constancias obrantes, el Deliberativo rechazó la rendición de cuentas del ejercicio, elevada oportunamente por el Ejecutivo y el proyecto de compensación de excesos mediante la Resolución 1961, de cuya lectura no surge expresamente que se cuestione la legalidad de los egresos".

Lo cierto es que para el organismo "no existen dudas de que los excesos demuestran acabadamente la infracción al artículo 118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Pero tampoco las hay de que dentro del mismo ordenamiento pudieron ser atenuados o subsanados los defectos por la ordenanza compensatoria".

Y le suma que "atento las evidentes posibilidades financieras que el ejercicio ofrece y a la falta de cuestionamiento sobre la legalidad de los gastos", corresponde "la sanción en una multa al Intendente Municipal Miguel Angel Lunghi y a la Presidente del Concejo Deliberante Nilda Noemí Fernández (artículos 243 inciso 2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 16 inciso 4° de la Ley 10.869 y sus modificatorias)".

El gasto por la réplica, todavía está en análisis

En el mismo fallo, el Tribunal se reserva a futuras decisiones otros gastos emblemáticos tal es el caso del estudio y desarrollo de la réplica de la Piedra Movediza que fue ubicada en el histórico cerro.

Mientras tanto, en el Tribunal señalan que "en cuanto al Convenio Estudio de Factibilidad y Anteproyecto para el emplazamiento de una réplica de la Piedra Movediza, la Contadora Municipal informa que se tramitó ante el Concejo Deliberante la autorización a que hace referencia el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades encontrándose a la fecha sin resolución al respecto,  adjuntando hoja de ruta dando cuenta de los movimientos del referido expediente".

Ante ello, decide "la postergación del pronunciamiento del Honorable Cuerpo a efectos de la obtención del documento ausente", al tiempo que anticipa como "los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendente Municipal Miguel Angel Lunghi, Secretario de  Economía y Administración  Matías Civale y Contadora Municipal Marcela Espino, no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el Honorable Tribunal no se pronuncie concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga".

Existen objeciones a una viandita en Casa Rosada

Cabe recordar que el gobierno municipal llenó varios micros con tandilenses cuando el por entonces presidente Néstor Kirchner firmó los primeros convenios de obras públicas para la ciudad.

En esos gastos, también interviene el Tribunal de Cuentas. La observación surgió "respecto de las referidas órdenes de pago correspondientes a gastos relacionados con la concurrencia de una comitiva integrada por autoridades municipales y representantes de distintas entidades intermedias de la ciudad de Tandil con motivo de la firma de los convenios mediante los cuales el gobierno nacional comprometió recursos tendientes a financiar distintas obras".

El organismo señala que "atento a la relevancia de las mismas se decidió dar a publicidad sus actos mediante la televisación  de toda la jornada llevada a cabo en la Casa Rosada, convocándose a distintos sectores representativos de la ciudad, quienes fueron trasladados a cargo del Municipio entregándosele a cada uno de ellos una vianda a ser consumida durante el viaje".

Atento a lo anterior, se determinó que esos "egresos no deben ser soportados por el erario municipal dado que exceden la publicidad de los actos en que se pretende encuadrar, en virtud de que los actos oficiales tendrán por la prensa la difusión que los mismos merecen, sin necesidad de efectuar erogaciones públicas".

Y el contralor cierra en ese tramo determinando que "por lo expuesto, corresponde desaprobar los referidos egresos con formulación de cargo por el que responderá el  Secretario de Economía y Administración Civale  en solidaridad con la  Contadora Municipal Marcela Cristina Espino".

Compra directa de cemento

El Tribunal también analizó "la adquisición efectuada en forma directa por el Municipio a la firma Cementos Avellaneda S.A., por un importe de $ 22.095,00 en concepto de 90 toneladas de cemento" y "entendió que hubiera correspondido llamar a concurso de precios, de acuerdo a los montos legislados en el artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal y observó que dicha orden de pago no se encuentra firmada por el beneficiario ni se adjunta la factura correspondiente".

Si bien el organismo recibió como explicación que "la compra observada tuvo lugar ante una necesidad `urgente´ manifestada y que habitualmente la Dirección de Vialidad cuenta con stock suficiente de cemento portland para atender las diarias demandas que se presentan", decidió confirmar "el incumplimiento al artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, de lo que quedará constancia en la sentencia".

Una colecta para la licencia de Nogués

Trascartón, el Tribunal avanza aún más sobre una de las decisiones que más debatió la oposición cuando se conoció el desfalco a la Tesorería del Municipio: la licencia por 150 días seguidos del por entonces titular de Economía, Francisco Nogués.

Al respecto señala que "en el caso bajo análisis el funcionario pudo haber gozado en el año 2006, de las vacaciones correspondientes a los años 2004 y 2005 y ante el hecho del cese percibir dichos importes así como la parte proporcional de licencia del año 2006".

Por ello el organismo manifiesta "disenso con el señor Lunghi cuando manifiesta que no corresponde a un funcionario autodecidir su licencia, entendiendo que puede ocurrir que dichas licencias deben ser consensuadas con la autoridad superior y ésta concederla o postergarla, pero debe documentarse tal circunstancia".

Lo cierto es que consideraron que "Nogués debió reintegrarse a sus tareas, cuestión que no ha sido demostrada por lo que los haberes de los meses de mayo, junio y julio abonados carecen de respaldo y deben considerarse gastos no municipales".

Por todo lo anterior el Honorable Tribunal decidió que "corresponde desaprobar los referidos egresos con formulación de cargo de $ 9.589,78 con más el interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, calculados entre la fecha del egreso y la del dictado de sentencia de $ 816,18, conformando un total de $ 10.405,96"

Por esos gastos desaprobados "responderá el intendente Miguel Angel Lunghi en solidaridad con la contadora Marcela Cristina Espino hasta $ 4.415,91 y con la contadora interina Ana Mercedes Soria hasta $  3.590,89 y el secretario de Economía y Administración Matías R. Civale en solidaridad con la contadora Marcela Cristina Espino hasta $ 2.399,16".