Chubut.- El Tribunal de Cuentas Municipal emitió ayer la providencia mediante la que de manera unánime se observan todas las actuaciones administrativas vinculadas con la proyección del mapping del aniversario. El intendente Buzzi pretendía abonar unos $600.000 mediante un "legítimo abono", sin cumplimentar los requisitos de la ordenanza general de contabilidad por no existir "confirmación de los detalles de aranceles".
Viviana Almirón intentó defender la operación en la que están en juego casi 600 mil pesos de las cuentas municipales.

La providencia emitida ayer por el organismo contralor lleva las firmas de sus tres integrantes: el radical Juan Gutiérrez Hauri y los justicialistas Osvaldo González y Sergio Piriz. Allí, además de observar todo el acto administrativo, determina que mediante asesoría letrada se efectúe el sumario correspondiente para determinar responsabilidades. Para ello, se otorga un plazo de 10 días.

Asimismo, y habida cuenta de que todos los servicios vinculados con la obra proyectada el miércoles 23 de febrero sobre la fachada del colegio Dean Funes fueron facturadas por un tercero, radicado en Comodoro, el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) requerirá informes al empresario en cuestión. Estos abarcan las condiciones de contratación del servicio que se pretende abonar y quién fue el funcionario que autorizó tanto la realización del evento como un adicional en el precio por cambio de fecha.

La decisión del TCM tiene asidero en la pretensión del Ejecutivo municipal de abonar mediante la forma "de legítimo abono" una factura por $459.195, originada en la realización de la "Obra de Arte Mapping Digital Histórico 110° aniversario de Comodoro Rivadavia".

Entre los principales cuestionamientos administrativos, el organismo señala que se trata de una obra de arte, aunque en el expediente con el cual se funda el pago no consta que la misma sea incorporada al patrimonio municipal, además de ser justificada como el "precio de un servicio" en la resolución que pretende autorizar el pago.

Además, Buzzi afirma en el expediente analizado, que no cumple con los recaudos exigidos por la ordenanza de contabilidad, por no existir "confirmación de los detalles de aranceles", por lo que el TCM pone eje en que de tal modo resulta "inentendible" cómo se pudo autorizar la realización del evento.

En cuanto al monto, Buzzi sostiene que los valores que se pretenderían cobrar resultan acordes a los vigentes en plaza, aunque el expediente no contiene ningún informe ni presupuesto comparativo.

Como contrapartida, en la factura presentada para liberar el pago se individualizan ítems pero no se discriminan sus valores. Contenidos, realización, prueba de edificio mapping, mapping, sonido, iluminación, estructuras y escenario, pasajes, electricidad, grupo electrógeno, trabajos internos, personal de diseño de comunicación, baños químicos para artistas y técnicos, personal de seguridad y administración financiera, son los rubros que componen la factura en cuestión, que, como se dijo, no discrimina valores de cada uno de ellos.

Por otra parte, este legítimo abono fue precedido por el de otra factura, del mismo empresario, y por $137.550 por conceptos que en principio aparecerían enumerados en la anterior, y aunque el TCM solicitó más información, nunca llegó la respuesta del Ejecutivo municipal.

Asimismo, se suma a los montos detallados un cargo adicional de $106.950 por cambio de fecha, aunque la composición de ese importe tampoco se discrimina más allá de la mera enunciación de gastos de estadía, alquiler de proyectores, pasajes y personal de seguridad.

Dado que el empresario tiene domicilio en la ciudad, el TCM señala que no alcanza a vislumbrar cuál es la composición del rubro "pasajes", salvo que se trate de un tercero sin estructura adecuada, por lo que tampoco se comprende por qué en tal caso no se recurrió a una compulsa de precios.

Por último, el contralor alude a que falta de previsión mediante la firma de un contrato o acuerdo de partes es lo que dio lugar a que no se contemplen imprevistos como el del diferimiento en un día y su cargo adicional, lo que pone en riesgo el patrimonio municipal, mientras que todo el proyecto de acto administrativo observado fue visado por Viviana Almirón, titular de Comodoro Cultura, lo que no resulta procedente dado que la funcionaria no reviste el requerido cargo de "secretaria".

Sobre esta base, el Ejecutivo tiene ahora un plazo de diez días para instrumentar un sumario y, claro está, a casi tres meses del evento, éste no está en condiciones de ser abonado.

Almirón reconoció "errores groseros", pero no pudo explicarlos

La titular de la Agencia Comodoro Cultura, concejal electa y responsable del acto administrativo observado, Viviana Almirón, intentó ayer dar algunas explicaciones del caso, aunque lo único que dejó en claro es que "se cometieron algunos errores".

La funcionaria habló de un "error grosero" dado por el envío al Tribunal de Cuentas de un expediente que no estaba totalmente conformado, que vale destacar que es el que originó la observación del trámite por parte del organismo.

Admitió además que existió un error de discriminación, aunque dijo que el total de la factura -$459.195- "es el total real" del mapping, el escenario techado, el sonido e iluminación del espectáculo y del show de León Gieco que lo precedió, "todo el servicio".

Agregó que el municipio adquirirá los derechos del mapping, dando a entender que el monto esta incluido en ese total -aunque no figura en el detalle facturado por el empresario que pretende cobrar?, valuado en $ 200.000 según Almirón.

También dijo que a una cifra de $354.000 "originales" debe sumársele el 10% más IVA por un día de mas en que los proyectores debieron permanecer en la ciudad por la prórroga de la fecha. Aunque claramente el 10% de $354.000 dista de los $106.950 detallados por el Tribunal de Cuentas a los mismos fines,

Almirón insistió en que el error "está en la discriminación de la factura, no en el total" y esa fue toda la explicación que pudo dar del caso.

"Yo miré el total y conformo la factura, a un expediente que no debía salir de la municipalidad para el Tribunal de Cuentas porque todavía le faltaba un montón de documentación que todavía la tengo yo, entre ellas la copia que explica cuál es la obra de arte que vamos a adquirir" intentó aclarar, endilgando la responsabilidad al área municipal de Economía, que fue quien envió la documentación al organismo contralor.