Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Contaduría General, Fiscalía de Estado, Consejo de la Magistratura, son algunos de los institutos afectados por la reforma constitucional que ahora serán reglamentados en la Legislatura.

Dos semanas después de que la Constitución reformada entre en vigencia, el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Busti firmó los proyectos de ley reglamentarios de institutos, garantías y derechos consagrados en la carta magna provincial.

Son 12 iniciativas que serán presentadas hoy, por Mesa de Entradas de la cámara Baja, con la firma del resto de los diputados del bloque justicialista.

De este modo, se regulan en forma casi integral todos los órganos autónomos de control previstos en los artículos 209º a 217º de la Constitución provincial.

Según informó Busti, "sólo faltó, por una cuestión de tiempo, legislar sobre la Tesorería General de la Provincia"; aunque aclaró que "lo importante es que los proyectos de ley fueron trabajados en conjunto con los funcionarios y asesores de cada uno de los organismos de contralor involucrados".

En este sentido, señaló que "en lo que respecta al Consejo de la Magistratura, se tomó como base y punto de partida al decreto 39/03 que lo creara, por su carácter innovador y saludable para el sistema de justicia, calificación en la que hay prácticamente un consenso unánime en la sociedad entrerriana. Sin embargo, -dijo Busti- se modificaron algunas cuestiones que se creyó necesario perfeccionar luego de observar algunos inconvenientes que se fueron haciendo visibles en la práctica de esta institución, preservando en todo momento su espíritu y objetivos".

Al respecto, indicó que "se fortaleció la etapa de oposición, al dotársela de una mayor puntuación y subdividirla en dos tramos: el primero es el planteo y resolución de un caso práctico, mientras que en el segundo, como aspecto innovador, se evaluará oralmente a los participantes en base a un temario que se les entregará previamente".

También se pretende "determinar con exactitud los medios de impugnación contra las decisiones del Consejo y del Jurado para evitar la demanda contencioso administrativa que tanta dilación puede llegar a producir. En el Jurado de Enjuiciamiento se incluye, como lo manda la Constitución, la participación ciudadana, se modifica el trámite del procedimiento y se establece, como lo declarara la Corte Suprema de Justicia en el caso "Brusa", la recurribilidad del fallo de destitución", explicó el legislador.

PARTICIPACIÓN. En tanto, la ley de participación popular es una disposición normativa integral que abarca en realidad cinco institutos de participación ciudadana reconocidos en la Constitución Provincial: la iniciativa legislativa popular, la consulta popular vinculante o referéndum, la consulta popular no vinculante o plebiscito, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato.

Anteriormente tres proyectos de ley reglamentarios de la Constitución ya habían sido presentados: la ley de creación del Digesto Jurídico, a partir de sendas iniciativas de los diputados Busti y Daniel Bescos, que cuenta con media sanción; el proyecto de ley integral de salud, suscripta por los diputados Darío Argain, Lidia Nogueira, Alicia Haidar y Ana D’Angelo, que se encuentra en estudio por parte de la Comisión de Salud; el proyecto de ley de discapacidad de autoría de los diputados Jorge Kerz, Jorge Bolzan, Haidar, Bescos, Jorge Maier, Juan Bettendorff, Juan Domingo Zacarías y José Cáceres.

El presidente de la Cámara puso de relieve que "todo el bloque justicialista trabajó en la elaboración de los proyectos de ley, aportando ideas". En tal sentido, se informó que el diputado Jorge Kerz concibió proyectos referidos a la Defensoría del Pueblo y al Hábeas Data, que fueron compatibilizados con los ideados por Busti. También Eduardo Jourdán, hizo sus aportes en el Consejo de la Magistratura, iniciativa ciudadana y Consejo Económico Social. Este último, conjuntamente con el de la Tesorería General, serán próximamente presentados, pues se están ultimando detalles.

Finalmente, Busti sostuvo que "luego de un intenso y reflexivo trabajo, dieciséis proyectos de ley que reconocen su fuente en la Constitución Provincial, tienen como objetivo organizar el funcionamiento práctico de estas instituciones, derechos y procedimientos constitucionales. Su discusión en las comisiones, con la participación de los distintos sectores sociales, contribuirá a difundir los valores democráticos como paso necesario para que los textos normativos tomen contacto con la realidad", concluyó el legislador.

Las iniciativas

Los textos legales que ingresan a Diputados comprenden:

-Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo.

-Ley orgánica del Tribunal de Cuentas.

-Ley orgánica de la Contaduría General.

-La reforma a la ley orgánica de la Fiscalía de Estado.

-Ley del Consejo de la Magistratura.

-Ley del Jurado de Enjuiciamiento.

-Ley de participación popular.

-Ley reglamentaria del procedimiento constitucional del hábeas data.

-Ley de acceso a la información pública.

-Ley de ética para el ejercicio de la función pública.

-Ley de discapacidad.

-A través de un proyecto de resolución, se crea una comisión en el ámbito de la Cámara de Diputados, con participación ciudadana y representación de todos los bloques, para que estudien y elaboren un Código Ambiental.