Publicado: 29-04-2012 
  
Es el aspecto más polémico de la expropiación que Diputados hará ley esta semana. Por ser una sociedad anónima, no regirán los mecanismos habituales.

La falta de controles que tendrá la nueva YPF en caso de que el proyecto de expropiación se apruebe tal como está redactado es una de las mayores preocupaciones que tienen diferentes dirigentes de la oposición. Y el temor tiene sustento: la iniciativa establece, expresamente, que ningún organismo de control del Estado podrá hacer un seguimiento de la empresa, a la que se le aplicarán sólo las mismas normas que a una sociedad anónima.

El artículo 15 del proyecto enviado por Cristina Kirchner, que ya tiene media sanción del Senado y el jueves sería aprobado por amplia mayoría en Diputados, fija que YPF "continuará operando como una sociedad anónima abierta", y que no le será aplicable "legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación".

Claudio Lozano, diputado del Frente Amplio Progresista (FAP), consideró "un disparate" ese artículo, ya que se contradice con lo que establece otra ley. Se refiere a la 24.156, que regula los sistemas de control del sector público, aplicados por la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la AGN (Auditoría General). El artículo 8, inciso b, dice que el control se aplica a "todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias". YPF, con la expropiación del 51 por ciento, claramente cumple con ese requisito.

"No hay ningún control, y lo aclaran explícitamente", asevera el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Alfonso Prat-Gay. "No alcanzaba con tener un amigo adentro, ahora necesitan estar ellos", agregó. Coincidió Patricia Bullrich: "En Brasil hay una agencia gubernamental que todos los años presenta un informe sobre Petrobras. Acá no hay nada".

Desde el oficialismo, la diputada Diana Conti no pudo despejar las dudas y respondió que "no es una sociedad del Estado", por lo que sigue estando "regida por la ley de sociedades anónimas". Además, aseguró que la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones podría controlar, ya que un 49 por ciento sigue estando en manos privadas y que la AGN podría realizar informes sobre "el servicio" que prestará YPF.

El criterio utilizado por el Gobierno para dejar sin control estatal a la empresa hidrocarburífera se diferencia, además, con lo establecido en otras reestatizaciones que llevó adelante el kirchnerismo en los últimos años.

A fines de 2004 el Congreso sancionó la ley 25.943, con la que se creó Enarsa. El artículo 6 hacía referencia a las auditorías a las que debería someterse la empresa, que también se creaba como una sociedad anónima. "Estará sometida asimismo a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la Ley 24.156", expresa, en referencia a la norma ya citada.

En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 304, a través del cual se dio origen a Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA). Pocos meses después fue ratificado por el Congreso. El artículo 11 de dicho decreto fijó que se la excluía de controles a los que se someten las empresas del Estado (en materia de contrataciones, por ejemplo), pero explicitaba que era "sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley Nº 24.156".

Por último, cuando en 2008 se aprobó el pase de Aerolíneas Argentinas a la órbita del Estado (ley 26.412), dos artículos hacían referencia al control. El 7 obligaba a presentar informes al bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Y el 8 requería informes de la AGN, "para garantizar la transparencia".