El fiscal municipal, Hernán Di Santo, salió a defender ayer el trabajo que hizo el gobierno de Juan Jure al calcular los mayores costos de la empresa mixta Gamsur y dijo que "es una barbaridad" hablar de un delito penal cometido desde el Estado.

Di Santo comenzó a estudiar en las últimas horas la auditoría en la que el Tribunal de Cuentas estableció que el gobierno debe reconocer mayores costos sólo por 5,4 millones de pesos y no por los 7,5 millones que había fijado el secretario de Economía, Guillermo Mana.

Los tribunos no sólo le enviaron el informe al fiscal sino que, además, pidieron que se analice la posibilidad "de recurrir a otra vía". Es decir, el órgano de control deja en manos del funcionario la posibilidad de denunciar en la Justicia las irregularidades que se detectaron en la auditoría.

Es que, en las conclusiones del trabajo, el órgano de control apuntó que se detectaron anomalías en las que habría incurrido la empresa para facturarle al Municipio gastos que, en realidad, no habrían existido. Gamsur, encargada de la recolección de residuos y el alumbrado público, reclamó la suma de 12,6 millones de pesos por los mayores costos, más de 7 millones por encima de lo que recomiendo reconocer el Tribunal de Cuentas.

Di Santo dijo ayer que el gobierno trabajó seriamente, que aplicó la fórmula polinómica votada por el Concejo y que la diferencia de más de 2 millones de pesos que se dio con respecto al cálculo del Tribunal puede deberse a los criterios técnicos usados pero no a una conducta pensada y orquestada para defraudar al Estado.

"La posibilidad de que pueda haber un ilícito penal no puede ni entrar en análisis. Hay una ordenanza que había que aplicar para determinar los mayores costos. Es un procedimiento establecido por una normativa que no fue objetada. Así lo hizo la Secretaría de Economía. Al margen de que los empresarios hagan un cálculo de 12 millones y el Tribunal diga 5, la tarea de Economía ha sido debidamente fundamentada, con criterios técnicos, con desagregados monto por monto", dijo Di Santo.

Agregó que habrá que analizar cuáles fueron las razones para que los cálculos dieran diferente. "Nadie puede decir que desde el gobierno se haya querido favorecer a Gamsur. Todos los convenios y las negociaciones han apuntado a reducir al máximo los pagos del Estado. Hablar de un ilícito penal me parece una barbaridad. Además, como hemos sido cuidadosos, no se ha pagado nada todavía; sólo pagos a cuenta autorizados por el Tribunal", indicó el fiscal municipal.

Di Santo agregó que sobre la conducta de la empresa, con respecto a facturaciones o posibles anomalías, no puede opinar porque desconoce el funcionamiento de Gamsur.

El fiscal dijo que el Tribunal de Cuentas no sólo deberá enviar el informe de auditoría sino estudiar además la determinación de mayores costos que hizo Economía y decir si la acepta o no y fundamentar los criterios.

"Entonces, nosotros veremos si insistimos o si revisamos los criterios. Esto no es materia judiciable. El Ejecutivo ha cumplido con todos los pasos, se han enviado todos los borradores al Tribunal, no se ha escondido nada. Puede haber criterios diferentes pero nunca un delito.?Creo que no ha sido correcto llegar el tema a los Tribunales", indicó Di Santo.

Hoy, la Municipalidad ha pagado unos 2,5 millones de pesos como adelanto de mayores costos. Y hay inquietud por lo que pueda pasar si se siguen dilatando los tiempos del Tribunal de Cuentas. "Es imposible que la empresa funcione con 1.200.000 pesos", dijo?Di Santo.

Actualmente, Gamsur opera con 1.800.000 pesos pero sólo porque el Tribunal autoriza pagos parciales a cuenta de los mayores costos del año pasado.

Oposición unida

Cuatro representantes de la oposición y un oficialista se reunieron ayer para definir una estrategia común en el caso Gamsur. Del encuentro participaron Enrique Novo, del FreGen, Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, los justicialistas Ricardo Rojas y Guillermo Natali y el oficialista Jorge Cendoya. Hoy habría una reunión con Eduardo Yuni, titular del Concejo.