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Publicado: 06-01-2015

CABA.- Por Tomás Várnagy. Un trabajo publicado a mediados de diciembre gracias al apoyo de la agencia canadiense Internacional Development Research Center (IDRC), escrito por Sybil Rhodes (doctora en ciencia política, Universidad de Stanford) y Jorge M. Streb (doctor en economía, Universidad de California en Berkeley), considera que existe preocupación por el estado de derecho en Argentina debido a “episodios de abuso de poder en la administración pública donde se reemplaza personal profesionalmente idóneo por compinches políticos”.

Existen indicadores sobre el estado de derecho “donde la Argentina queda mal parada en comparación con sus vecinos del Cono Sur, Brasil y, sobre todo, Chile y Uruguay”. Hay una debilidad institucional que se explica por motivos inmediatos  como “la falta de transparencia pública y de independencia judicial”, mientras que las causas más profundas “se relacionan con equilibrios políticos donde hay pocos frenos y contrapesos legislativos y el partido de gobierno viene de una tradición política que prioriza los resultados antes que el debido proceso”.

La justicia tiene un rol esencial en las democracias constitucionales, muy especialmente en el control de los actos de gobierno, razón por la cual no debería estar sometida a las autoridades políticas elegidas democráticamente. La justicia debe ser independiente y el estado de derecho implica que nadie está por encima de la ley: el hombre común, los funcionarios y hasta el mismo poder ejecutivo deben estar subordinados a ella.

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