Publicado: 26-04-2013

Las iniciativas para abrir datos públicos y fomentar la participación ciudadana se multiplican por el globo gracias al uso de Internet. Pero si bien en el país hay intentos de apertura a nivel municipal, la Nación no da señales alentadoras. El Gobierno avanzó ayer con su polémica reforma judicial alegando que busca “democratizar” a ese poder, pero mientras cajonea la ley de acceso a la información.


En 2010 el gobierno británico decidió comenzar a publicar estadísticas de las cirugías de corazón exitosas que se realizaban en los hospitales. Con esa información, los pacientes empezaron a comparar, lo cual incrementó la competencia entre los centros de salud. El resultado: la tasa de supervivencia en este tipo de operaciones mejoró un 50%.


En Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff abrió sus datos presupuestarios en 2011 y obligó a sus funcionarios a publicar online, en un formato accesible y periódicamente, los gastos de gestión. Las encuestas indican que la corrupción cae a medida que crece la confianza en la administración pública.


Los Estados Unidos puso el foco en la seguridad: se convocó a los neoyorquinos a que usen sus celulares y cámaras para subir a una plataforma digital accidentes, crímenes y reclamos. Con este programa de seguridad abierta, no sólo la alcaldía de Nueva York empezó a actuar con más precisión y velocidad bajando los ínidices de delincuencia. También la gente comenzó a auditar el accionar del Gobierno, caso por caso. 
El denominador común detrás de los tres ejemplos es el de Gobierno Abierto, un concepto de gestión que tiene como ejes centrales la apertura de datos públicos y la participación ciudadana mediante las nuevas tecnologías, con la idea de mejorar la calidad de vida de la gente y marcarle la cancha al poder político.


Precisamente, en la Argentina el debate respecto a la transparencia del Estado y al acceso a la información pública volvió levantar temperatura a raíz del proyecto de reforma judicial que impulsado por el oficialismo, el Congreso aprobó ayer en medio de un escándalo y denuncias cruzadas de la oposición. Del paquete de leyes que se trataron en el Congreso, dos están vinculadas con el concepto de Gobierno Abierto: una es la ley de publicidad de los actos y fallos del Poder Judicial. La otra, la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los magistrados.


Sin embargo, la opacidad del kirchernismo en el manejo de los datos públicos -evidenciada técnicamente en el sistemático cajoneo de la ley de acceso a la información pública, pero también en la manipulación del Indec o en los avances sobre los medios no oficialistas- abre un interrogante sobre el compromiso del Gobierno K con esta tendencia global.

Primeros pasos

Si bien se reconocen experimentos de apertura total de datos en países como Suecia o Noruega desde principios del siglo pasado, lo cierto es que fue la irrupción de Internet la que potenció este tipo de aproximación a la administración pública.


Quizás al nacimiento moderno del concepto haya que buscarlo en el Salón Oval, en diciembre de 2009, cuando como flamante presidente de los EE.UU., Barack Obama envió un memo a su administración informando la creación de un programa de Gobierno Abierto que cruzaría todas las áreas ejecutivas de su gobierno. En una señal de humildad política, el hombre más poderoso del mundo reconocía que ante la brutal crisis financiera, el Estado se había quedado sin respuestas y era necesario abrir canales para recibir nuevas ideas de la comunidad. "Hay que desterrar la idea de que rendir cuentas y compartir la información pública es algo en negativo", dice Sandra Elena, directora del Programa de Justicia de CIPPEC. Y agrega: "Supone un cambio cultural importante, pero al final la idea de compartir datos e ideas es beneficiosa tanto para los políticos como para los ciudadanos".


Para el economista Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los referentes regionales en prácticas de transparencia gubernamental, "la idea de Gobierno Abierto debe significar una evolución natural del fortalecimiento democrático, donde la pregunta clave no es sólo cómo se elige a los gobernantes sino cómo se les exige que rindan cuentas".


El nuevo paradigma se viraliza a nivel mundial impulsado por la OGP (Open Government Partnership), una iniciativa multilateral que ya firmaron más de 60 países comprometidos a seguir estrictos estánadares globales de transparencia, apertura y participación ciudadana en su gestión de gobierno. La alianza es impulsada por dos pesos pesados: el propio Obama y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, una convencida de que en la tecnología se encuentran muchas de las respuestas al flagelo de la exclusión social. Fue en Brasilia donde se reunieron hace un año representantes de los países miembros junto a 200 organizaciones del tercer sector para sentar las bases de la institución. "La OGP tiene el potencial de brindar un espacio alterno de interlocución y diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, ahí radica su valor”, explica Emilene Martinez Morales, coordinadora regional para la sociedad civil de la OGP.


En la región, Chile, Uruguay, México, Paraguay, Perú y Brasil ya son de la partida. Y en sintonía con la tendencia global, la idea de Gobierno Abierto comienza a germinar en la política local. Así, la incontenible revolución digital podría ser una solución a la opacidad que cubre la información pública en la Argentina, se ilusionan los expertos consultados por El Cronista WE.

Contradicciones locales


Pero, a juzgar por la falta de estadísticas oficiales confiables y por el avasallamiento de los organismos de control encargados de auditar el poder político, el Gobierno nacional no parece compartir la mirada aperturista que requieren estas iniciativas.


Pese a los reclamos de la oposición, el oficialismo sigue cajonenando el proyecto de ley de acceso a la información pública, que perdió estado parlamentario a fines de noviembre pasado. De hecho, cuando Cristina Kirchner anunció el proyecto para “democratizar” la Justicia, buena parte de la oposición hizo notar la incongruencia oficial de proclamar la búsqueda de transparencia en este ámbito y frenar al mismo tiempo esta iniciativa que abarca a los tres poderes del Estado. Si bien hoy existe un decreto, la implementación de la norma es uno de los reclamos más longevos y sonoros del arco opositor, del tercer sector y del periodismo independiente.


Mientras los legisladores opositores denuncian el retaceo sistemático de información de la gestión pública nacional, el Gobierno envió una señal hacia un futuro más transparente y colaborativo. Sin la estridencia habitual de los anuncios oficiales, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, firmó una carta de intención para sumarse como miembro a la OGP. "A través de esta adhesión, nuestro país ratifica su voluntad de continuar trabajando para tener gobiernos más transparentes, con mayor grado de participación ciudadana y que combatan eficazmente la corrupción", se pudo leer en el acta de compromiso. El Cronista WE intentó contactarse con los funcionarios responsables de la inciativa, pero no tuvo respuesta.


Desde México, dispara escéptico, Pardinas: "El caso de Argentina me preocupa. Ojalá la iniciativa del OGP logre darle un impulso a las voces a favor de la transparencia en la sociedad civil y no se convierta en un jabón publicitario para lavar la imagen de un Gobierno que no se ha destacado por sus convicciones a favor de la rendición de cuentas".


Así las cosas, hasta el momento, la Argentina figura en una lista junto a países como Panamá, Ghana, Serbia y Rusia, que aún deben cumplir con ciertos requisitos para convertirse en miembros plenos. De hecho, por estos días, organizaciones como Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya fueron convocadas para participar de la elaboración del Plan de Acción que será presentado en breve a la OGP.


"Es irónico que el mismo año en que el Gobierno nacional manda una carta con la intención de sumarse a la OGP, se cae la ley de acceso a la información pública en el Congreso. ¿Si no tenés asegurado el derecho básico de acceder a la información, cómo se puede hablar de Gobierno Abierto?", se pregunta Rudi Borrmann, director de Gobierno Abierto del Gobierno porteño.

Revolución digital

Precisamente, el modelo impulsado por el gobierno porteño es el que los expertos en transparencia y lucha contra la corrupción señalan como la apuesta más fuerte en el todavía incipiente panorama local.

"Para nosotros, el concepto clave de Gobierno Abierto tiene que ver con cómo gestionar la innovación y la creatividad que hay afuera y sumarlo a la administración pública a partir de nuevas plataformas y formas de pensar", sostiene Borrmann sobre el programa que se se basa en dos ejes: por un lado, BA Data, el catálogo de datos abiertos, que publica la información que produce la administración pública en formatos simples, reutilizables y libres de derechos. Por otro, la convocatoria a la comunidad para que pueda aprovechar esos datos y darles valor. "Hay que ver la ciudad como una plataforma que publica su información y permite que terceros innoven a partir de lo que se genera ahí. Afuera hay mucho valor, y los gobiernos pueden conectar con esa capacidad de la comunidad de forma más inteligente", sostienen desde el gobierno porteño.

Online desde marzo de 2012, el proyecto de Gobierno Abierto, que depende de Ministerio de Modernización que lidera Andrés Ibarra, apuntó a generar una comunidad para poner en valor los miles de datos que se encuentran en el catálogo. Se hicieron concursos y convocatorias a desarrolladores y hackers para generar aplicaciones con ellos.


Resta ver cómo reaccionará a este cambio de paradigma el empleado estatal. Los expertos son conscientes del desafío de utilizar otra filosofía de gestión, que implica altas dosis de humildad y colaboración de parte de una estructura elefantina pensada con una lógica cerrada. "Es una cuestión de fondo: nuestro compromiso con la filosofía de Gobierno Abierto surge a partir de que nuestra forma de gestionar es más abierta, buscamos consensuar y dialogar. Se entiende que compartir la información favorece a todos", explica Ibarra.


Al respecto, la experiencia internacional indica que cuanto más chica es la comunidad, más potencia tienen las iniciativas de Gobierno Abierto. Por eso es habitual que los avances en la materia surjan a nivel municipal.


El caso de la ciudad de Bahía Blanca es otro que picó en punta en esta carrera por la modernización del Estado, aunque no sin obstáculos. En 2012, el intendente Gustavo Bevilacqua lanzó una plataforma con datos abiertos, en donde se podía acceder a los sueldos de los trabajadores municipales. La iniciativa despertó la furia gremial, que recurrió a la Justicia para apelar la decisión por considerar que vulneraba su privacidad. Finalmente, la información fue retirada del sitio.


"Al principio fue visto con cautela. Abrir el Municipio a todos los ciudadanos representa un cambio de chip en donde la gente pasa de un rol pasivo a participar activamente de su gobierno: opina, controla, sugiere, responde", sostiene Bevilacqua, y remarca la paradoja de que un Ejecutivo quiera abrir todos sus archivos y la oposición o los gremios pongan reparos a la idea. "Luego de la discusión, la inciativa salió fortalecida y ahora tenemos el desafío de seguir traduciendo técnicas que hasta ahora parecían casi artesanales, efectivizar nuestros recursos y mejorar las reglamentaciones para estar a la par de este nuevo paradigma".

La ecuación que propone la idea de Gobierno Abierto es simple: más transparencia, colaboración y participación es igual a menor corrupción e ineficiencia. ¿Llegará el cambio al país?