El gobierno de Hungría decide limitar la libertad de información
Se trata de una ley sancionada por el Estado húngaro. Transparencia Internacional dice que restringe el acceso a la información. Es que los ciudadanos solo podrán solicitarle datos a los funcionarios públicos justificando su “interés legítimo”. El hecho hizo que varias ONG’s dejaran el grupo anticorrupción del Gobierno en el cual trabajaban en conjunto para fomentar la transparencia.
Según el informe publicado en abril de 2013 por Transparency International, el Parlamento húngaro aprobó un decreto que limita el alcance de la Ley de Información Pública del país. Paradójicamente, esta limitación se aprobó apenas 48 horas después de la propuesta de los diputados, se publicó un par de días después y ya está en vigencia.
Consecuentemente, cuatro ONG’s abandonaron el grupo anticorrupción coordinado por el Ministerio de Justicia. Estas son: Transparency International Hungary, K-Monitor, Hungrian Civil Liberties Union y atlatszo.hu.
“La restricción a la información contradice las normas éticas de una democracia”, sostuvieron las organizaciones civiles. Del mismo modo, explicaron que se retiran del grupo de trabajo porque, si bien su objetivo es promover la libertad de información en Hungría, no van a perjudicar su reputación.
“Este decreto anuncia una época oscura para la gobernabilidad democrática en Hungría. Ahora los funcionaros del gobierno van a salirse con la suya, podrán cometer actos de corrupción y quedar impunes”, dijo Miklós Ligeti, director jurídico de Transparency International Hungría.
El informe explica que esta nueva ley limita el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública dado que si bien podrán solicitársela al Estado, tendrán que justificar la petición. Por ejemplo, podrán exigir datos para llevar a cabo “grandes auditorías”, para casos judiciales o información personal de los funcionarios públicos, siempre y cuando, demuestren un “interés legítimo” en las solicitudes.
Es que el hecho de tener que evidenciar un “interés legítimo” ante el Estado, está sujeto a la subjetividad del mismo Gobierno, ya que éste tiene la autoridad de rechazar las peticiones con la excusa de que no le parece relevante la solicitud.
Las organizaciones civiles sostuvieron que “esta ley va en contra del principio de que todo ciudadano tiene derecho a ser informado sobre el gasto de los fondos públicos y las demás acciones de los funcionaros gubernamentales”. Y agregaron: “Que esta norma se haya aprobado en solo dos días es inaceptable”.
