Publicado: 28-04-2012  

El fiscal federal Federico Delgado giró ayer al juez a caigo de la investigación por la tragedia de Once, Claudio Bonadío, documentación que confirma que en 2005 el sindicato Unión Ferroviaria había advertido sobre riesgos de un siniestro de gran magnitud como el ocurrido el 22 de febrero, en el que murieron 51 personas.

"En el transcurso de 2005 la Unión Ferroviaria realizó dos presentaciones ante los organismos públicos pertinentes mediante las cuales se puso en conocimiento la situación del sistema ferroviario y se advirtió sobre la posibilidad de una catástrofe que ya era anunciada", expresó el fiscal.
En ese sentido, transcribió parte de un informe del 30 de mayo de 2005, que denunció la frecuencia de accidentes que se registraban y evaluaba que era "indicativo de la poca valoración que las diferentes administraciones y organismos de control dieron a estos alertas, ya que continua la degradación del servicio sin que nadie intervenga en forma eficaz".

"Las magnitudes de los siniestros, que hasta hoy, en forma providencial, no dejaron un alto número de víctimas, están señalando que nos dirigimos a una catástrofe que estamos totalmente convencidos se puede evitar", sostuvo el reporte presentado en 2005.

Irresponsabilidad y desidia

El informe del sindicato destacó que "hay en cada accidente una inmediata respuesta empresarial destinada a eludir toda responsabilidad. Se atribuyen a fallas humanas y también en forma arbitraria y falaz a sabotajes realizados por las organizaciones gremiales. Nunca se investiga en profundidad y se espera que el olvido disipe la efervescencia del momento".
La nueva documentación fue entregada el martes al fiscal por el delegado de la Unión Ferroviaria de la Linea Sarmiento y miembro de la Comisión de Redamos del Cuerpo de Delegado, Edgardo Ernesto Reynoso.
El fiscal Delgado interpretó que el nuevo aporte demuestra "el desinterés de los empresarios de la firma TBA en el mantenimiento, en la inversión y en la seguridad del sistema ferroviario y la desidia de los funcionarios públicos encargados de velar por el buen funcionamiento de los trenes y por la aplicación efectiva de los subsidios estatales".