Chubut.- A menos de una semana de la presencia de la justicia en el Concejo Deliberante de Madryn, por la denuncia penal de los concejales Marcelo Berzón (UCR) y Pedro Giménez (PACh) por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del cuerpo, la Policía abrió el material secuestrado y clasificó los documentos retirados de la Secretaría Administrativa.

En el trámite estuvieron los abogados de la única imputada en la causa, Marta Rotondo, titular del área separada preventivamente hasta que se sepa qué pasó. Se adelantó que habrán nuevas pericias debido a que en las últimas diligencias volvieron a secuestrarse facturas que tendrían "signos evidentes" de adulteración, y se sumarían a las hechas públicas por los ediles.

El operativo se concretó pasado el mediodía. Tras la audiencia administrativa y como a simple vista algunas facturas secuestradas demostrarían signos evidentes de adulteración, la jefa de la Unidad de Criminalística, Laura Mirantes, realizará pericias documentológicas en los archivos secuestrados. Contadores y peritos judiciales ya analizan los documentos de la causa y el informe preliminar del Tribunal de Cuentas.

El jefe de los fiscales de Madryn, Daniel Báez, reiteró que la situación de Rotondo "es comprometida", y advirtió que se analizan la posibilidad de más implicados en la causa. Se decidirá cuando haya resultados de las pericias contables y documentológicas que restan.

Cabe recordar que el miércoles se retiró del Concejo Deliberante documentación respaldatoria de los balances 2008, 2009 y documentación faltante de 2010, requerida en su oportunidad por la Fiscalía y que la perito contable necesitaba a la brevedad. La medida resulta de la pericia contable ya ordenada en el caso, que necesita la documentación respaldatoria original de todas las contrataciones y pagos realizados durante 2008, 2009 y 2010, como órdenes de compra, facturas, recibos, liquidaciones, contratos de provisión de servicios, etcétera, que entonces manejaba Rotondo.

Cabe destacar que la ex secretaria administrativa del cuerpo deliberativo es la única imputada en la causa donde se investiga la presunta malversación de fondos en el Concejo Deliberante. Hasta el momento la funcionaria está imputada de peculado, que significa que el dinero habría sido utilizado para su uso personal o de un tercero. Dicha calificación prevé, en caso de ser encontrada culpable en el juicio, una pena de dos a diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.