Publicado: 27-08-2011  

Catamarca.- El fiscal de instrucción Juan Pablo Morales imputó a otra funcionaria de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), en el marco de la causa que investiga por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos. Se trata de la jefa de departamento de despacho de la entidad, quien fue imputada por el delito de "falsificación de instrumento público", al haberse detectado copias mellizas de una resolución que llevaban su firma.

Según trascendió, el instrumento en cuestión tendría que ver con el circuito de proveedores de la obra social. La Justicia comprobó que la funcionaria certificó dos veces una misma resolución, pero con distinto contenido, lo que fue suficiente para que se accione contra ella por el supuesto delito de falsificación.

Los otros cuatro funcionarios de la OSEP involucrados en la causa, María Concepción Quiroga, Gladys Buschaski, René Luna y el director y diputado electo por el FCS, Arturo Aguirre, fueron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", por haber autorizado las compras de fármacos oncológicos a la droguería santiagueña Libra, mientras ésta se encontraba inhabilitada para el tráfico interprovincial por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Pero el fiscal Morales sigue otras líneas de indagación, que podrían derivar en cargos mucho más complicados para los funcionarios.

Una de esas líneas es para determinar la razón por la que varios cheques emitidos por la OSEP en favor de Libra, fueron a parar a la cuenta de una conocida financiera local. Según la opinión del Tribunal de Cuentas, esto podría haber configurado una violación a la Ley de Administración Financiera. La propia droguería no ofreció explicaciones convincentes, y a este diario argumentó que había cambiado los valores en la financiera porque necesitaba rápidamente efectivo para "saldar compromisos".

Desde que el diputado Julio Cabur realizó la denuncia penal por este tema, la causa fue ganando complejidad y derivaciones insospechadas.

Por ejemplo, se investiga si parte del Fondo Especial de Trasplante, que se forma con un descuento que se realiza mensualmente de los salarios de los empleados públicos, y que administra la OSEP, fue utilizado para pagar medicamentos, lo que constituiría una "malversación de caudales públicos".

Otro punto central de la indagación es el que busca determinar su existieron "compras fingidas" de medicamentos, es decir, si se pagaron por fármacos que nunca llegaron a los depósitos de la obra social provincial.

Además de la investigación judicial, tomó intervención en la causa la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y hasta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se interiorizó del tema.