Publicado: 04-06-2011

Capital Federal.- Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte , y su ex jefe de asesores Manuel Vázquez siguen sumando problemas con la Justicia. La Oficina Anticorrupción (OA) los denunció por violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El fundamento es que el nombramiento de Vázquez -dice la OA- fue ilegal y se realizó en secreto, es decir que no fue publicado en el Boletín Oficial, revelaron a La Nacion altas fuentes judiciales.

Vázquez, al mismo tiempo que asesor ad honórem de Jaime, era el director de la consultora Caesa, con la que gestionaba negocios relacionados con las disposiciones que firmaba el subsecretario de Transporte. Así participó en la negociación para la importación de locomotoras y vagones españoles y portugueses, asesoró a la empresa LAN cuando gestionaba una ampliación de rutas, quiso intervenir en el frustrado negocio del tren bala, entre otros emprendimientos en los que participó.

La nueva presentación judicial quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal Carlos Rívolo, que investigan a Jaime por supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. De hecho, Jaime está citado para prestar declaración indagatoria el 15 de junio próximo, acusado de haber omitido presentar su declaración jurada de bienes como funcionario público.

Pero la Oficina Anticorrupción, después de investigar cómo fue nombrado Vázquez, entendió que ese delito no se habría configurado, pero sí otros dos (de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público) por los que ahora probablemente sea ampliada la imputación contra el ex funcionario y su ex asesor.

Estos extremos hicieron sospechar a los investigadores que el nombramiento de Vázquez pudo ser una especie de "patente de corso" que permitía realizar negocios, sin la obligación de presentar su declaración jurada de bienes personales, como todo funcionario público, porque su designación nunca había sido publicada en el Boletín Oficial.

Ahora el juez Oyarbide y el fiscal analizarán si con estos datos modifican la imputación sobre el ex funcionario, cuando corre riesgo de que la causa en su contra prescriba por el paso del tiempo, dadas las penas leves que están previstas para este tipo de delitos. Incluso en el caso de la designación irregular, cabría tanto para Jaime, que lo designó, como para Vázquez, que desempeñó el cargo, una pena de multa que llega hasta los 12.500 pesos, un vuelto comparado con los millones de euros en comisiones que se discutían con cada contrato ferroviario.

La Oficina Anticorrupción entendió que Vázquez, nacido en España, estaba mal designado en su cargo porque la ley dispone que para ingresar a la administración pública se debe ser argentino nativo, por opción o naturalizado, y que en caso de un extranjero, el ministro de Planificación, Julio De Vido, debería haber pedido al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que lo exceptuara del cumplimiento de este requisito. Ninguna de estas cuestiones ocurrió.

El otro vicio del nombramiento, según la investigación que realizó la OA, consistiría en que no se cumplió la ley de ética pública, que obliga al nuevo empleado a presentar sus declaraciones juradas de bienes anuales. Y tampoco firmó la declaración jurada por la cual señala que no está alcanzado por las incompatibilidades relativas a su nuevo cargo como funcionario, como la actividad privada que ejerce.

El tercer vicio que se detectó en el nombramiento de Vázquez tiene que ver con que nunca Jaime le pidió a la Oficina Anticorrupción que emitiera un dictamen acerca de si podía ser su jefe de asesores, cuando al mismo tiempo era el presidente de la consultora Caesa, como lo revela la primera página de su currículum.