Publicado: 09-04-2012
  
Una moratoria previsional para sectores carenciados también benefició, por falta de control, a quienes no la necesitan.

Una ley sancionada a fines de 2004 estableció una moratoria previsional que permite jubilarse a personas que, habiendo alcanzado la edad requerida, no reúnen los aportes suficientes para hacerlo. La finalidad de la ley impulsada por el kirchnerismo era beneficiar a la población más castigada por el desempleo, el empleo ocasional y en negro.

Pero lo extraño y preocupante es que poco a poco comenzaron a conocerse cada vez más casos de personas que, gozando de un buen (y a veces muy buen) nivel de vida, se acogieron sin inconveniente alguno a ese beneficio por reunir los requisitos de la edad jubilatoria y la ausencia o insuficiencia de aportes.

Se trata de 800.000 personas de ingresos medios y altos que en el corriente año cobrarán en conjunto la suma de 24.000 millones de pesos porque las autoridades no adoptaron los recaudos para impedirles gozar de un beneficio que no merecen y que pagan todos los argentinos. En cambio, con la Asignación Universal por Hijo sí se adoptaron esos recaudos. Las mismas autoridades responsables de esta suerte de desfalco legal son las que, simultáneamente, se niegan a pagar las actualizaciones de los haberes a los jubilados que han logrado fallos favorables en la Justicia.

Esas autoridades son, también, las que, según un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), manifiestan una "ausencia integral de gestión financiera" en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que es donde se encuentran los fondos acumulados de las desaparecidas AFJP y los títulos públicos, depósitos bancarios y acciones. En una palabra, parte del dinero para que el día de mañana puedan cobrar los futuros jubilados.

En cuanto a la moratoria, según un revelador trabajo de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), los 24.000 millones de pesos destinados a quienes no los necesitan equivalen a casi la mitad de los 53.000 millones aprobados en el presupuesto del corriente año para el pago total de este tipo de prestaciones. Esos 53.000 millones equivalen al 10 por ciento del gasto público, o el 2,5 por ciento del PBI.

Estos pocos datos alcanzan para iluminar la absoluta incapacidad de quienes idearon y pusieron en marcha este beneficio, al margen de la sana intención que pudo guiarlos. Es un claro ejemplo de cómo el peronismo en general, y el kirchnerismo en particular, ha hecho política en forma desaprensiva con los fondos estatales, hasta que éstos comenzaron a mermar. Otro tanto ha sucedido con los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que también han beneficiado indiscriminadamente a carecientes y no carecientes.

El sistema de seguridad social se ha consolidado como la fuente más importante de transferencia de ingresos hacia los hogares. Sus componentes representan, según el estudio de SEL, el 40 por ciento del gasto público, y dos tercios de ellos corresponden a las prestaciones previsionales de la Anses. Estas prestaciones, en el presupuesto de 2012, suman 180.000 millones de pesos que incluyen los 53.000 millones de los beneficiados por la moratoria. No llama la atención, entonces, que más de un tercio del aumento del gasto público en los últimos cinco años haya correspondido a la expansión de la cobertura previsional por la moratoria.

Lo paradójico es que, del análisis realizado por SEL, surge que, si bien por un lado se cumplió con la finalidad de la ley de moratoria de amparar los carecientes, por el otro, sólo el 11,4 por ciento de los beneficiados por la moratoria correspondieron al quintil de más bajos ingresos, y una tercera parte del total de beneficiados corresponde a los dos quintiles de mayores ingresos.
Para Ernesto Kritz, director ejecutivo de SEL, lo ocurrido puede haber obedecido a que al diseñarse el beneficio no se tuvieron en cuenta las características demográficas de la Argentina. Si es así, cabe seguir hablando de la total impericia de las autoridades.

Pero al margen de las causas, lo cierto es que se ha cometido una grave injusticia, muy cara, y casi imposible de corregir para quienes ya gozan de estas jubilaciones. En cambio, es indispensable adoptar los recaudos necesarios para que esta situación no siga repitiéndose con aquellos que llegan a la edad de jubilarse y no pertenecen al sector carenciado.