En los papeles que maneja el Juez Federal Ariel Lijo hay una cita que se publica en varios periódicos donde se describe cómo y quiénes habrían recibido un dinero en la contratación para el desarrollo de lanchas patrulleras por un monto de 3,5 millones de euros. En el escrito se puede leer: "El Sr. (Luis) Parrinella recibió un porcentaje de aproximadamente 6 por ciento del volumen de la compra. El dinero fue transferido a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión en la Marina, como por ejemplo el almirante (Gustavo) Leprón y (Juan Carlos) Palma." 

El primer mencionado (Parrinella) es un abogado de la Marina; Leprón fue director de Materiales de la Marina y Palma es un contraalmirante, director de Sistemas de Apoyo. El juicio que se ventila en Alemania, encendió las sospechas de que el agua estaba turbia cuando un arrepentido de la firma Ferrostaal, decidió hablar. Ahora el Juez Lijo libró un oficio para que el Banco Central informe sobre los movimientos en cuentas de los mencionados por el testigo de identidad reservada. 

El proyecto para desarrollar cuatro patrulleros oceánicos comenzó en 2004 y era la firma Ferrostaal, "una megafirma dedicada a proyectos industriales", a quien se iba a adjudicar el trabajo. Ahora tanto el Ministerio de Defensa como la Armada tendrán que informar a la Justicia sobre qué pasó en el camino.

Se ordenaron también diversos allanamientos en los cuales se requisaron computadoras y otros elementos que ahora están siendo revisados en el juzgado; a la vez que se gestiona una copia del expediente alemán. Ya se estaría elaborando un listado de quienes deberán pasar a declarar como testigos e imputados.

La causa se inició en junio con una denuncia del Ministerio de Defensa, que tras la difusión de una investigación de la fiscalía de Munich sobre el posible pago de sobornos de la empresa Ferrostaal en distintos países, hizo su propio cotejo a través de la Dirección de Transparencia. La presentación de la cartera que conduce Nilda Garré señalaba los posibles delitos de "cohecho, tráfico de influencias y soborno internacional", y apuntaba a Parrinella, Palma, Leprón y al contraalmirante retirado Alejandro Francisco Uberti. Como directivos de Ferrostaal surgían los nombres de Frers y Roberto Smiraglia.

Así, los investigadores del Ministerio de Defensa recibieron de forma anónima un documento redactado en alemán que luego entregaron al juzgado. Traducido resultó ser una parte del expediente tramitado en Munich y contenía la declaración del arrepentido de Ferrostaal. 

Siguiendo el hilo del relato del arrepentido, un sujeto de doble ciudadanía (alemana-argentina) de nombre Helmut Graf, de aceitados contactos con la Armada y el Ministerio de Defensa habría actuado como un primer intermediario. Apartado del trámite, aparece en la escena Parrinella, mencionado con el mote de "Goldlocke", es decir, "rizos de oro", en razón de su apariencia personal. Algunos e-mails secuestrados dan cuenta de que tanto el contraalmirante Uberti y el vicealmirante Leprón estaban al tanto de la operación y hasta serían "socios" en la misma.

Al parecer, el propio testigo mantenía contacto con Parrinella y se dice que el ejecutivo habría recibido en una cuenta entre "6 y 6,5 por ciento de los 3,5 millones de euros comisión". Y el pago al abogado argentino habría sido en efectivo. 

A su vez, Defensa informó que no se concretó ningún convenio con Ferrostaal, pero informó que se estaba avanzando en el proyecto para la construcción de las lanchas por un monto similar al que aparece en la denuncia. Todo indica que la fabricación quedará en manos de Tandanor.

Al menos, hasta hace unos días atrás los imputados por el relato continuaban en sus cargos bajo el mando del jefe de la Armada Jorge Godoy. De todos los nombrados, Leprón sería el más alejado de la actividad naval y había sido pasado a retiro por otras irregularidades pero fue recontratado en la Agencia Logística de Defensa (centraliza las compras de las Fuerzas Armadas) y luego fue nombrado segundo en Tandanor, de donde debió irse cuando estalló el escándalo.

En el caso también interviene la Oficina Anticorrupción. El juzgado no quiso aceptar a la cartera de Defensa como querellante porque no está claro aún hasta dónde llegarían las responsabilidades.