Educación de Río Negro tiene de 80 a 90 millones depositados, con obras asignadas, pero que no puede ejecutarlas por trámites pendientes en la administración pública. El ministro César Barbeito reconoció que se mantiene esa situación burocrática, reiterando quejas internas por esas trabas en las concreciones.

Mientras, en una auditoría de fondos nacionales, el Tribunal de Cuentas advirtió que Educación tiene inmovilizados recursos de programas federales. Esa situación -agrega- origina que Río Negro no perciba "importantes" partidas por "no tener proyectos formulados y aprobados". 

En el ejercicio del año pasado, Hacienda retuvo 74 millones "destinados al servicio de educación". Esta conclusión, de hace algunos meses, pertenece a Barbeito, cargando entonces la responsabilidad al ex ministro Pablo Verani. En realidad, los reclamos por cuestiones burocráticas son una vieja ofensiva de Barbeito. En principio, esa pulseada siempre estuvo orientada a los órganos de control interno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General. Se repitieron las discusiones y las reuniones, pero los inconvenientes persisten. 

En diálogo con "Río Negro", el ministro transparentó que Educación mantiene "de 80 a 90 millones depositados y asignados a obras", pero todavía no pudo firmar los contratos y comenzar con sus ejecuciones. 

Expuso como ejemplo un listado de una treintena de proyectos andinos, de los cuales sólo pudo firmar tres contratos y comenzar con sus construcciones. 

En forma paralela, el Tribunal de Cuentas incorporó otro informe crítico a la cartera educativa, mientras que el ministro insiste en sus cuestionamientos a su independencia funcional, como también se pregunta "quién controla" ese órgano externo. 

En su resolución N° 34, de mediados de octubre, el Tribunal concluyó que hay fondos "inmovilizados" de programas federales por parte de Educación que suman entre 2,7 a 3 millones. 

Ese análisis se concentró en el Fondo Nacional para la Educación Técnica y, en especial, en el cumplimiento del programa en establecimientos profesionales de Conesa, Río Colorado, Cinco Saltos, Allen y Villa Regina. Entiende el Tribunal que se mantienen "las falencias y debilidades" del año pasado, entonces reitera observaciones, como que los "cargos directivos son cubiertos por personas" que "no tienen que ver con la administrativa-contable". 

Según ese organismo, esta situación genera que la "provincia deje de percibir importantes recursos por no tener proyectos formulados y aprobados", los cuales "no son reasignados a ejercicios posteriores sino que se distribuyen a otras provincias". 

Además, este organismo -que preside Carlos Malaspina- remarcó que "la ejecución y rendición de los proyectos de las escuelas excede los tiempos estipulados por el convenio". También advierte que "no se puede individualizar los saldos en la mayoría de las escuelas visitadas", destacando que "no se confeccionan adecuadamente los libros banco". En su auditoría, el Tribunal detectó que "se encuentran inmovilizados en la cuenta bancaria de la provincia fondos no transferidos a las escuelas y no ejecutados, que oscilan de 2,7 a 3 millones".