El presidente de la Asociación, Silvio Rivera, se refirió al contrato firmado con la Legislatura. Aseguró que cuenta con personería jurídica y manifestó su categórico rechazo a las descalificaciones difundidas en los medios.

Ante la sucesión de publicaciones en distintos medios de comunicación referidas al contrato que la Asociación Civil Ecoambiental firma con la Cámara de Diputados, la cual es objeto de todo tipo de descalificaciones y suposiciones cargadas de sospechas de dolo, el presidente de dicha organización, Silvio Carlos Rivera expresó «su más categórico rechazo por dicha campaña y los términos injuriosos en que ha sido planteada».

«No es verdad que ninguno de nuestros directivos o profesionales haya declarado que Ecoambiental -gerencia a la Legislatura del Chaco- como falsamente salió publicado en algunos medios gráficos. No es verdad que no estemos inscriptos ante los organismos y registros públicos de la provincia del Chaco. No es verdad que seamos una -ignota fundación-. La ignorancia sobre nuestra trayectoria, no es razón suficiente para descalificarla llamándola –ignota- en varias oportunidades», manifestó Rivera en representación de la Asociación.

La Asociación Civil Ecoambiental tiene diez años de trayectoria y su desempeño técnico, profesional y social, excede ampliamente lo que expresa la singularidad de su nombre.

«Las múltiples incumbencias asumidas por la Asociación, siempre según nuestro marco estatutario, responden a las necesidades y los requerimientos de cada convenio específico. En el caso de la Legislatura del Chaco, aprovechando equipos interdisciplinarios de técnicos y profesionales de esta provincia», explicó el presidente de Ecoambiental y agregó: «El cumplimiento de todos los planes y programas desarrollados con otras instituciones u organismos, incluidos el Gobierno de la Nación, tienen auditoría que dan fe de nuestra trayectoria, seriedad e idoneidad en cuanta obligación hayamos contraído».

DESMENTIDA ROTUNDA

Con respecto al convenio celebrado con la Cámara de Diputados para consultoría, estudios, planeamientos, ejecución y evaluación de debates públicos sobre temas que están fuera de la agenda legislativa, Rivera explicó que «fue aprobado por Resolución 1107/08 y suscripto en el marco de las previsiones normativas de la legislación vigente».

En cuanto a las inscripciones por ante los organismos de exenciones impositivas establecidas por leyes específicas, el presidente de Ecoambiental aseguró que cumplen con la inscripción ante los organismos y registros públicos de la provincia, «ya que es condición imprescindible y previa para el ingreso al sistema de administración financiera y contable».

«Respetamos la preocupación de la prensa, las organizaciones civiles o la ciudadanía, sobre el buen uso de los recursos públicos cuando ésta es genuina, pero no permitiremos ser prejuzgados, descalificados ni deshonrados por campañas que atienden las coyunturas de intereses políticos o motivos aún más oscuros», señaló Rivera y agregó:

«El ingreso a dicho sistema y la emisión de las correspondientes órdenes de pago se llevaba adelante sin inconvenientes hasta que comenzó la campaña de la prensa, hubiera sido imposible si nuestra asociación no hubiera cumplimentado todos aquellos requisitos reglamentarios que hace a su condición de proveedor del Estado Provincial, bajo control de la Contaduría General de la Provincia. En este sentido rechazamos estas maniobras lesivas a nuestro prestigio y trayectoria, estamos haciendo las reservas de derechos que nos corresponden por los daños ocasionados».

Pedido al Tribunal de Cuentas

Mientras la Asociación aclara, a través de una nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Cáceres, la Cámara de Diputados solicitó ayer a ese organismo de contralor que «emita dictamen, a la mayor brevedad posible, en consideración a la trascendencia institucional de la cuestión planteada». El pedido manifiesta que debido a la trascendencia que tomó la Asociación Ecoambiental se sucedieron «las demoras en que se incurra, provocarán en las instituciones un desgaste y descrédito irreversible, por lo que entiendo el valor de un pronunciamiento conformado a derecho, que cumpla acabadamente con los deberes de las instituciones en juego».

«Atento a la petición formulada por el Tribunal de Cuentas con fecha 25/11/08, nuestra contestación de fecha 26/11/08 y tomando en consideración la difusión pública de cuestionamientos, respecto de la contratación aprobada por Resolución de presidencia 1107/08, con la Asociación Civil Ecoambiental, y por expresa autorización de la Presidencia de la Cámara de Diputados, vengo por este acto a poner a disposición de este Tribunal toda la documentación relacionada con la referida contratación; solicitar a ese organismo superior de Control Externo emita dictamen, a la mayor brevedad posible, en consideración a la trascendencia institucional de la cuestión planteada. En este sentido, las demoras en que se incurra, provocarán en las instituciones un desgaste y descrédito irreversible, por lo que entiendo el valor de un pronunciamiento conformado a derecho, por lo que entiendo el valor de un pronunciamiento conformado a derecho, que cumpla acabadamente con los deberes de las instituciones en juego».