Laura Alonso, desde la Oficina Anticorrupción contrató a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que lleve adelante un estudio sobre integridad en políticas públicas en el país.
Varios funcionarios del Gobierno, tienen por costumbre, tercerizan en empresas privadas las tareas que les toca ejercer en el Estado. En este caso, se trata de la polémica Laura Alonso, que desde que asumió su cargo en la Oficina Anticorrupción no ha parado de recibir críticas de propios y extraños. La más reciente tiene que ver con la falta de investigación ante los vínculos del entorno cercano del Presidente Macri con el escándalo de sobornos de Oderbrecht.

Por pedido de Alonso, la OCDE hará de guía para un análisis en profundidad que busca evaluar las políticas y sistemas de integridad y anticorrupción del gobierno argentino, según informa el matutino La Nación. La OCDE tiene por misión “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”. En este marco, según reconoció el analista en políticas anticorrupción Julio Bacio Terracino, uno de los dos argentinos que trabajan en la entidad en París, “no es que va a auditar a la Argentina, pero un poco sí".
"Estudios de este tipo proveen no sólo apoyo técnico para optimizar el combate a la corrupción, sino también acompañamiento en el proceso de reforma”, agregó el analista. Como para despejar dudas de los intereses por detrás de estas medidas, se deja constancia que la OCDE hizo estudios similares en otros países como México, Colombia y Perú, miembros de la  Alianza para el Pacífico.    

Por su parte, la Oficina Anticorrupción envió a La Nación (exclusividades que tiene Laura Alonso) un documento donde se detallan los números remitidos por la OCDE en materia de honorarios y gastos: staff, 212.114 euros; uso de oficinas, 30.866; honorarios de expertos, 12.000; gastos de misión del staff de OCDE, 37.201; gastos de expertos en misión, 24.605; misceláneas (impresiones, publicaciones, fotocopias), 10.000 y gastos de admisión, 21.972, lo que suma un total de 348.758 euros, a pagar mitad este año y mitad el próximo.
"En esta recomendación se hablará de varios principios: ética, transparencia, integridad, eficiencia y austeridad, entre otros", dijo la titular de la OA, Laura Alonso. "El estudio nos va a plantear una hoja de ruta, una estrategia para el futuro que esperamos trascienda esta administración".


En el fondo está presente la voluntad del Gobierno  Nacional de que la Argentina forme parte de la OCDE. Así, este estudio solicitado funciona como una primera “membrecía” que el país abona, justificado en que para ingresar “debe contar con normas estrictas que prevengan y combatan la corrupción tanto en el ámbito público como privado y, por supuesto, en la interacción entre ambos sectores”, aclara la tribuna de doctrina.