Publicado: 06-09-2010
 
Tucumán.- Las actuaciones complementarias de la Fiscalía acumulan tres cuerpos.

Concluida la ronda de declaraciones testimoniales, todos los caminos de la investigación en torno del caso Funsal que lleva adelante la fiscala María de las Mercedes Carrizo conducen al ex secretario ejecutivo médico del Siprosa, Alberto Sabaj (actual subsecretario) al director de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia, y al chileno Héctor Silva Olivares.

Ante Carrizo ya comparecieron odontológos y auxiliares del Siprosa que tomaron los ciclos entre 2008 y 2009, y tres funcionarios del área: la directora general del Programa Integrado de Salud, Sandra Tirado; el director de Salud de las Personas, Hugo Jovanovics; y la jefa de la división de odontología, Graciela Marañón. También brindaron sus testimonios los cuatro organizadores tucumanos de la fundación.

Las actuaciones complementarias que efectúa la fiscala ya acumulan tres cuerpos y, según trascendió de fuentes judiciales, a partir de las declaraciones recogidas la pesquisa se centrará en los dos funcionarios más cercanos al ministro. Cabe aclarar que como el ministro de Salud, Pablo Yedlin, goza de prerrogativas constitucionales, una investigación en su contra debe ser dispuesta y llevada a cabo por un magistrado.

Por acción y por omisión

De acuerdo con las conclusiones del Tribunal de Cuentas, Sabaj fue quien el 4 de mayo de 2009 firmó el convenio específico -y fijó los valores por pagar- con el presidente de Funsal, pese a que la fundación aún no existía como tal. 

Incluso, según la acordada del Tribunal de Cuentas, en ese convenio hizo alusión al convenio marco, que se rubricó en agosto. En tanto, el ente de control atribuyó a Alvarez Garmendia la omisión del debido procedimiento de contratación y le reprochó que no se haya percatado de que las dos facturas presentadas por Funsal fueron las primeras emitidas por la fundación desde su creación (llevan la numeración 0001 y 0002 en el talonario).

Como se recordará, el Tribunal de Cuentas rechazó el pago -avalado por Yedlin el 29 de diciembre de 2009- con el argumento de que Funsal no existía jurídicamente al momento de iniciado el curso, en mayo de ese año. El ente de control detectó que la fundación obtuvo el alta de la Dirección de Personas Jurídicas en julio de 2009. Por ello, en su Acuerdo Nº 990 advirtió sobre "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales". En consecuencia, sancionó con el pago de una multa equivalente a cinco sueldos a Yedlin, a Sabaj y a Alvarez Garmendia.