El Gobierno envió una ley al Congreso que busca perseguir a las empresas que cometen delitos de corrupción en el extranjero. El proyecto está basado en la normativa estadounidense llamada Foreign Corrupt Practices Act, sancionada en 1977 y que fue clave en la resolución de causas argentinas, como la de IBM-Banco Nación.

Estos cambios en el Código Penal son propuestos por la Oficina Anticorrupción (OA), que elaboró tres proyectos de ley con el asesoramiento del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y que ya fueron presentados en el Parlamento. El más importante se refiere a la posibilidad de la Justicia argentina de perseguir a empresas y/o ciudadanos argentinos que hayan cometido delitos fuera del país, cuando estén involucrados funcionarios públicos extranjeros. 

Estos cambios se basan en el régimen estadounidense, una legislación que ha generado más de una polémica y que incluso George W. Bush intentó frustradamente modificar. La propuesta de la OA pretende «hacer aplicable la jurisdicción penal nacional a todos aquellos supuestos de hecho en los que el ofrecimiento u otorgamiento de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas a un funcionario público extranjero o de una organización pública internacional, sea realizado fuera del territorio nacional». 

La iniciativa apunta al objetivo específico de avanzar contra «el cohecho de servidores públicos extranjeros» y cómo los empresarios locales pueden participar de esos delitos. Casos famosos de corrupción criolla como Siemens o IBM-Banco Nación pudieron avanzar en la Justicia argentina, gracias a que los tribunales extranjeros habían iniciado pesquisas sobre sus casas matrices. 

Este proyecto y otros dos más que impulsa el Ejecutivo en el Congreso surgieron a raíz de un crítico informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 2008 recomendó a la Argentina una serie de cambios en su legislación sobre soborno internacional. Algunas de estas modificaciones llegan ahora, o eso al menos se pretende.

El segundo proyecto de ley propone la introducción «de la figura de la responsabilidad en el actuar por otro y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», en el artículo 35 bis del Código Penal. Según el escrito, este agregado viene a llenar un «vacío legislativo» y que busca «hacer penalmente responsables a los entes corporativos que en marco de su actividad empresarial cometan delitos». Hasta el momento, la ley sólo persigue a los empleados, directivos y/o dueños de empresas vinculadas a ilícitos.

El proyecto se basa también sobre el Código Penal francés, que establece responsabilidad penal para personas jurídicas de carácter privado y empresas públicas. Esto incluye también a cualquier otro ente asociativo, entidad o corporación, «cuya voluntad aparezca diferente de la de los socios». La normativa incluye además la imputación penal de «los representantes de hecho, cuyas conductas aparentes comprometan penalmente la responsabilidad de la persona jurídica». 

En el escrito de la oficina a cargo de Julio Vitobello también se destaca que estos cambios responden a los tratados internacionales a los que ha suscripto la Argentina y resalta el reforzamiento de las penas para actores privados en estos delitos por cohecho. «Al sufrir sanciones de fuerte repercusión económica, con multas vinculadas al perjuicio causado y otras medidas sancionatorias», se subraya en el proyecto de ley que «las empresas comenzarán a establecer mayores controles y planes de prevención a fin de evitar conductas delictivas».

Por último, el tercer proyecto de la OA presentado en el Congreso se limita a precisar definiciones que figuran en el código, como el de «funcionario público internacional», para que no existan dudas ni escollos legales a la hora de avanzar sobre estos delitos. Con cierta obsesión aclaratoria, la normativa define «mercadería», «estupefacientes», «tripulación», «establecimiento rural» e, incluso, la palabra «documento». 

Una iniciativa que ataca, al menos, uno de los aspectos de la extensa tradición de hechos de corrupción que muestra la Argentina y que pretende dar alguna respuesta al mundo sobre la falta de resolución de casos escandalosos, como Skanska y el valijero Guido Antonini Wilson, entre otros. Por el momento, son buenas intenciones.