Publicado: 09-03-2014

VIOLENCIA ES MENTIR.

Hace 37 años que se viene celebrando el Día Internacional de la Mujer. Se trata de una fecha para conmemorar la lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. El 8 de marzo es un día de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio, y una celebración de los actos de valor tomados por mujeres corrientes que alcanzaron un papel extraordinario en la historia de sus países y sus comunidades.

Asimismo, cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, uno de los actos crueles más comunes y mortíferos de los derechos de las personas. A lo largo de su vida, siete de cada diez mujeres sufre algún tipo de violencia física o sexual, según la UNESCO.

DÓNDE PEDIR AYUDA.

Existen organismos del gobierno y planes especializados que prestan asistencia en casos de violencia doméstica, donde dirigirse antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, a nivel nacional se encuentra el Programa Las Víctimas contra las Violencias, que forma parte del Ministerio de Justicia de la Nación, el cual activa una Brigada Móvil que acude a domicilio y está integrada por una psicóloga, una trabajadora social y dos policías. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Dirección de la Mujer, que posee una línea telefónica (0800-666-8537) que funciona las 24 horas, todos los días del año.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA. 

El Programa Ciudadanía Porteña "Con todo Derecho" se puso en marcha en 2005. Su objetivo general es disminuir los niveles de desigualdad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para lograrlo, brinda un subsidio mensual que mejora el ingreso de los hogares en situación de pobreza o indigencia.

Sin embargo, un informe publicado por El Auditor.info, revela que dicho plan pone "en riesgo la integridad física y psíquica de los beneficiarios". Así lo afirmó la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) a la hora de controlar el programa en cuestión.

Ciudadanía Porteña, que otorga subsidios a jefas de hogares pobres e indigentes, deriva a las mujeres separadas (de hecho por violencia familiar) a una organización jurídica llamada Unidos por la Justicia (UPJ). Para acceder a los subsidios, la organización les exige a las mujeres legalizar la separación. Sin embargo, la AGCBA considera que el requerimiento puede implicar "un riesgo para la integridad física y psíquica" de las aspirantes al beneficio, dado que obliga a la víctima a establecer contacto con el victimario, sin ninguna mediación.

De esta forma, la Auditoría porteña considera que "tal requisito, implica el agravamiento de una situación de vulnerabilidad previa", ya sea "para persuadir -al victimario- de firmar un convenio de alimentos, como para exigir su cumplimiento mensual".

El informe de El Auditor.info explica que de 23 mujeres que manifestaron durante la entrevista con abogadas de la ONG haber padecido algún hecho de violencia familiar, solo tres fueron derivadas a un Centro Integral de la Mujer, y agrega que una de ellas recibió como recomendación de la UPJ que "intente convencer" al agresor de firmar el
convenio.

Por otro lado, a pesar de que la Dirección General de la Mujer es uno de los centros que presta asistencia en casos de violencia doméstica, tiene sus limitaciones para proteger a las víctimas. Según la Auditoría porteña, "en muchos casos no hay conocimiento de los agresores ni de los riesgos que corren las damnificadas".

El Auditor.info publicó otro informe en donde da a conocer que en el "el 66,6% de los legajos" no especifican los riesgos que corre la víctima, "por lo que no se puede hacer una evaluación de la persona ni definir los pasos a seguir". Además, "en el 31,48% no se registró la ficha del agresor que permite elaborar un cuadro más preciso de quien está solicitando ayuda".

La AGCBA también señaló algunas cuestiones a mejorar. A las ya mencionadas con anterioridad, se suma "la necesidad de incorporar profesionales". Por ejemplo, al Centro Integral de la Mujer "Margarita Malharro" le hace falta un psiquiatra y un trabajador social. Al que está en Lugano, un abogado, ya que para el programa "Noviazgos Violentos" un solo letrado lleva adelante 30 juicios.

A pesar de que existe una línea telefónica gratuita para atender mujeres víctimas de violencia doméstica y/o sexual, en el 91% de los legajos y fichas de la central telefónica no figura el "motivo de la agresión" porque quienes llaman se niegan a contestar. Además, el informe indica que "la central telefónica no posee mantenimiento desde el 2000, pese a los reiterados pedidos y reclamos hechos para que eso suceda". A eso se suma que "la base de datos de la Central de Llamadas está saturada" y, en consecuencia, "los datos no se pueden cargar al ritmo de las llamado".

A pesar de las observaciones, existe una gran "labor y compromiso por parte de los organizadores y el equipo técnico de cada una de las actividades, especialmente por generar un espacio de contención, confianza y respeto con los usuarios atendidos".

www.elauditor.info