El legislador juecista Juan Pablo Quinteros cuestionó la relicitación parcial del trabajo. Acusa al oficialismo de haber modificado la ley de obra pública para cubrirse.
Las críticas por los sucesivos cambios que va mostrando el plan para tender 2.300 kilómetros de gasoductos en Córdoba, a cargo de empresas cuestionadas por corrupción (Odebrecht) o por sus vínculos con el anterior o el actual gobierno (Electroingeniería, Iecsa), recrudecieron con la decisión del Gobierno provincial de relicitar los tramos iniciales de cuatro de esos ductos, demorados por la falta de desembolso de créditos chinos prometidos por los adjudicatarios.

Ayer, el legislador provincial del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros recordó que hace menos de un año, al votar en la Legislatura el acuerdo para esta obra, sostuvo que no se podía avanzar con empresas chinas "de las que nada se conoce y cuyo mecanismo de financiamiento ni siquiera eran confusos, sino directamente inexistentes".

"Hoy está la respuesta: nuevas licitaciones, nuevas colocaciones de deuda y la mentira presentada que quedó al descubierto", agregó el legislador del juecismo.

Odebrecht

A su vez, Quinteros cuestionó que se haya entregado una obra pública a la empresa brasileña Odebrecht, denunciada por diferentes hechos de corrupción en el mundo y también por una supuesta transferencia al funcionario macrista Gustavo Arribas, en 2013. "Odebrecht, por su conocida crisis de corrupción, no tenía forma de acceder a créditos", sostuvo. "Fue allí donde el Gobierno provincial procedió a emitir títulos de deuda por 150 millones de dólares", afirmó Quinteros.

Según el opositor, UPC modificó a fin de año la ley de obra pública para eludir controles previos del Tribunal de Cuentas y para flexibilizar la prohibición de contratar a empresas sospechadas de corrupción excluyendo a las que se encontraran "procesadas". Ese cambio se hizo a 14 días de la sanción original de la ley.