Publicado: 19-08-2011
 


Río Negro.- El juez en lo Penal Económico Rafael Caputo envió ayer dos exhortos, a los Estados Unidos y Uruguay, para obtener información sobre el avión que usaron los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos en España, para el transporte de los 944 kilos de cocaína descubiertos en el aeropuerto de Barcelona.

El juez envió un exhorto, vía Cancillería, a Miami para obtener información de dos empresas vinculadas a la compra del Challenger y otro a Chicago por dos cuentas bancarias vinculadas a Gustavo Juliá.

En tanto, al Uruguay se solicitó información sobre una empresa que habría cancelado parte de las cuotas del leasing, según el Centro de Información Judicial.

La Justicia busca determinar si los 944 kilos de cocaína que llegaron el 2 de enero al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en un vuelo piloteado por los hermanos Juliá y Matías Miret, fue cargada en el país.

La hipótesis principal es que la droga se habría cargado en la base aérea de Morón, donde el avión estuvo parado dos meses antes de ir al aeropuerto de Ezeiza, desde donde partió a España el 1 de enero a la noche.

En los tribunales esperan un informe solicitado a la Justicia de Barcelona para conocer el peso del avión en cada uno de los lugares en los que estuvo -antes de llegar a España hizo una escala en Cabo Verde-, y así establecer dónde se subió la cocaína.

También aguardan que en el informe se detalle en qué lugar del avión se encontraron los 944 kilos de la droga.

En España, la causa está bajo secreto de sumario y se analiza que funcionarios judiciales locales viajen allá para tomar contacto con el expediente.

El próximo lunes el juez Alejandro Catania retomará el expediente, tras su licencia de vacaciones.

Los dos pilotos detenidos en Barcelona acusados de trasladar 800 kilos de cocaína son hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea de Carlos Saúl Menem, José Juliá.

Gustavo Juliá, uno de los apresados, cobró notoriedad en julio de 2003 al ser acusado en un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN) que evaluó la gestión de Horacio Pacheco, nombrado por el entonces presidente Eduardo Duhalde, al frente del PAMI.

En el informe se lo acusó de violar la ley de ética pública que prohíbe trabajar en entidades estatales y ser al mismo tiempo socio de empresas prestadoras.