Publicado: 20-02-2011


 
Río Negro.- El Partido Provincial Rionegrino Dina Huapi realizó siete pedidos de informes a la presidencia del Tribunal de Cuentas de esa localidad. La mayoría están referidos a diversas contrataciones efectuadas por ese municipio y la consulta es si cumplen con las normas de ética pública.
Desde el partido expresaron que aguardan las respuestas en un plazo de cinco días; en caso contrario, "recurrirán a instancias administrativas superiores".

En primer lugar, pidieron explicaciones sobre la contratación del abogado Federico Lutz por parte del municipio y sobre la leyenda "Poder Judicial" en su recibo de sueldo. "Queremos saber si es personal de planta permanente, contratado o funcionario político. Si fuera de planta, solicitamos el número de ordenanza, la resolución o el documento equivalente emitido por el Concejo Deliberante", menciona la solicitud.

Otra de las inquietudes del PPR Dina Huapi tiene relación con la finalización del contrato del abogado Garrafa, como asesor del municipio, el pasado 31 de diciembre y, si ese contrato de locación de servicios fue renovado. "Si no hubiera renovación, queremos saber cuál ha sido el destino de los documentos, pagarés o cualquier otro instrumento por el cual los deudores del municipio, por cualquier concepto, están obligados a pagar la deuda contraída con el municipio", destacó Alejandro Corbatta, presidente del PPR Dina Huapi.

También se consultó sobre la obra de la Oficina de Turismo en la entrada de Dina Huapi, que fue incluida en el actual presupuesto municipal: "¿Cuál ha sido la forma de contratación y el estado de avance de la obra? El Tribunal de Cuentas, ¿ha verificado la forma de contratación del personal, las inscripciones registrales de los prestadores de servicios, los cumplimientos con las normas vigentes de pagos AFIP, ART, Seguros Obligatorios?", se preguntó María Inés Nardi, secretaria del PPR Dina Huapi.

Por otro lado, solicitaron informes respecto a la forma de contratación de las oficinas de IPROSS en Dina Huapi. Más allá del contrato de locación y los titulares del inmueble, pidieron información respecto a si las mejoras realizadas en el inmueble son indemnizables o no y, si la forma de contratación cumple con normas referidas a ética pública.

"Consultamos sobre las pólizas de seguros contratadas por el municipio: el nombre de la empresa aseguradora, los productores y, una vez más, un informe acerca de si esta contratación cumple con las normas de ética pública", explicó Corbatta.

"También, agregó Nardi, estamos preguntándoles por qué razón la documentación del Tribunal de Contralor permanece bajo llave, impidiendo la consulta de la misma a Carlos Alberto Sánchez, vocal de ese organismo e integrante del PPR".

Finalmente, desde el PPR Dina Huapi aclararon que "es el Tribunal de Cuentas el órgano que puede dar respuestas a cada una de estas inquietudes y, a su vez, demostrar que las autoridades de Dina Huapi no se parecen en nada a los representantes del gobierno provincial plagado de funcionarios ricos y ciudadanos pobres".