La Corte Suprema de Justicia realizará hoy a las 10 una audiencia para tomar nota de «todas las circunstancias concernientes al genuino estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas» en un fallo de 2008, donde ordenó «la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo».

Mediante una resolución, los integrantes del máximo tribunal convocaron, entre otros, a representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), a la Defensoría del Pueblo y a la Auditoría General de la Nación.

La medida se inscribe en el marco de la denominada «causa Mendoza», donde la Corte Suprema dictó sentencia «en relación con las pretensiones que tuvieron por objeto la recomposición y prevención del daño al medio ambiente existente en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo» para lo cual ordenó «la puesta en marcha de un plan de saneamiento».

Esa tarea está en manos del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, quien tiene «el ejercicio de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones destinadas a la fiel ejecución de las obligaciones impuestas» cuya «ingente función» fue evaluada por los ministros en la resolución.

Los ministros también dieron intervención al defensor del pueblo de la Nación, «a fin de expresar las observaciones que tenga respecto del grado de cumplimiento del plan de saneamiento hasta la fecha» y la Auditoría General de la Nación, «con el objeto de informar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado en el fallo».

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; de la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco; y de los ministros Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

En febrero pasado, el juez Armella dispuso que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado «camino de sirga» (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.

La Acumar, que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, ya había presentado en los primeros días de febrero un plan de traslado. El fallo de Armella buscó dar celeridad a ese movimiento de no menos de 1.966 familias.

Si la autoridad de cuenca no cumple con los plazos establecidos por la Justicia, el magistrado podría volver a sancionar económicamente a los funcionarios responsables, como ocurrió el año pasado con el exsecretario de Ambiente, Homero Bibiloni, a quien obligó a pagar $ 4.000 diarios.