La Corte Suprema no quedó conforme con las explicaciones que funcionarios de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires dieron el último miércoles sobre el avance del plan de saneamiento del Riachuelo y anunció en un comunicado que "en el corto plazo" convocará a otra audiencia. La reunión evidenció que los avances han sido muy escasos, con datos como que el número de basurales a cielo abierto en la cuenca ha aumentado en lugar de disminuir. Los funcionarios, además, tuvieron problemas para responder algunas inquietudes planteadas por los jueces, como la referida a los datos sobre la contaminación del agua y el aire en la zona de la cuenca y hasta la correcta utilización de los fondos.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, quien el miércoles había relatado a los jueces de la Corte sus dificultades para controlar el uso del dinero destinado al plan, habló ayer con Clarín y afirmó: "La situación es aberrante. La necesidad de saneamiento es creciente. Los fondos provenientes de préstamos internacionales están disponibles, pero no se usan y se pagan sumas millonarias como punitorios. La sentencia de la Corte establece que la Auditoría debe controlar la ejecución presupuestaria de todo el programa de saneamiento. Sólo pudimos verificar dos programas que implican menos de 600 millones de pesos, sobre un total de 7.400 en cuatro años. Y allí vimos una subejecución muy elevada".

El Secretario de Ambiente de la Nación y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, no atendió ayer la llamada Clarín. Sus colaboradores, sin embargo, dejaron trascender el malestar por la denuncia de Despouy y dijeron que se "está preparando una respuesta" al titular de la Auditoría, que sería hecha pública hoy.

El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, quien también integra el directorio de la ACUMAR, dijo por su lado a Clarín que "en las reuniones de la ACUMAR no se ha discutido en detalle el tema de la ejecución de los fondos", aunque aclaró que "el dinero del préstamo internacional del BID para el Riachuelo todavía no está enteramente disponible. Hay una mirada técnica distinta de la del Auditor General".

Corcuera, de todas maneras, admitió que "es evidente que la preocupación de los ministros de la Corte continúa porque no perciben los avances que esperaban".

Desde organizaciones ambientalistas también hubo cuestionamientos. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que integra el cuerpo colegiado designado por la Corte para seguir la causa, señaló que "la audiencia dejó claro que la mayor parte de las obligaciones impuestas por el tribunal están incumplidas".

En la audiencia también se mencionó la toma de Lafuente y Castañares, ya que algunos de los departamentos están destinados a los habitantes de uno de los asentamientos de la ribera del Riachuelo. Tanto los funcionarios de la Ciudad, como los de la Nación, se mostraron dispuestos a cumplir con la orden de desalojo del juez Armella. Todavía, el predio sigue ocupado.