Publicado: 15-09-2011 
  
Córdoba.- La Municipalidad analiza si ir a juicio contra la empresa que hizo la edificación fallida o si es posible la remediación de la estructura para seguir construyendo.

Ya no hay cómo ocultar los hierros oxidados que se esconden tras los yuyos en el predio del ex Mercado de Abasto: a pesar de que aún no hay un informe definitivo, ya está claro que la obra del nuevo Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba –paralizada hace más de dos años– no podrá continuar tal como está por las fallas estructurales que presenta. Ante este cuadro de situación, el municipio estudia dos alternativas: la vía jurídica para recuperar algo de los 4.115.000 pesos que costó esa parte (18 por ciento del total), o bien una solución para remediar lo ya realizado y seguir construyendo sobre esa estructura. En este caso, habría que decidir quién se encargaría de los costos adicionales, lo que también podría terminar en la Justicia.

De todas formas, no está claro de quién sería la responsabilidad: la empresa Sadic SA realizó la primera parte de la obra y cobró los 4.115.000 pesos, pero a mediados de 2010 se la cedió a Oresti SRL, a cambio de que esta firma le pagara el monto que restaba cobrar del municipio (tres millones de pesos).

Pero apenas Oresti se hizo cargo de la obra advirtió que ésta no podía continuar, por lo que el municipio encargó un estudio a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba para tener un diagnóstico irrefutable. El informe preliminar señala importantes fallas –en especial en algunas vigas que sostienen el esqueleto–, pero en una semana estarían los resultados definitivos, para saber si hay que demoler o si se puede remediar la estructura de alguna forma.

Problema para el próximo. Si bien la obra comenzó durante la anterior gestión municipal –la de Luis Juez–, en agosto del año pasado el intendente Daniel Giacomino visitó el obrador del predio y anunció que la nueva sede del cuerpo legislativo estaría lista en julio de 2011.

Lo hizo tras una polémica operatoria en la que, para seguir financiando la obra paralizada, vendió de manera directa (pasaron ocho días entre la oferta privada y la aprobación oficial) dos lotes ubicados frente a la futura sede legislativa. Los compró Oresti SRL a 12,6 millones de pesos, precisamente la empresa que se quedó con la cesión de la obra.

Los concejales opositores cuestionan el monto al que se vendieron los (aseguran que el valor es de casi el doble), y que haya existido tanta "necesidad y urgencia" para entregarlos de manera directa y para autorizar el cambio de contratista al mismo tiempo. Además, el Tribunal de Cuentas observó la venta, y luego la firmó "con reservas" antes de remitirla al Concejo.

Dudas sin contestar. A pesar de que esta gestión ya no resolverá el tema –se suma a la lista de problemas para el próximo intendente–, la gran duda que queda flotando es qué pasó con el control de la obra que debería haber realizado el o los inspectores de la Dirección de Arquitectura, al margen de la responsabilidad de la empresa constructora.

También llama la atención por qué Oresti SRL no revisó ni objetó la obra antes de comprarla a Sadic SA.

Desde Oresti SRL se niegan a dar explicaciones. Pero ayer sí lo hizo la empresa más cuestionada –Sadic SA. Un vocero de la misma se defendió y explicó que cuando empezaron a construir, en 2006, denunciaron al municipio que "cuando llovía, todo el agua de la bajada Alvear se metía adentro de la obra, lo que produjo inundaciones de 80 cm a 90 cm en el subsuelo. Les mostramos la urgente necesidad de obras complementarias, pero no se hicieron".

Asegura que el informe técnico presentado al municipio mostraba un problema en un sector, pero que "no sería complicado de arreglar". Además, señala que el tiempo de paralización de las obras también la afectó y que el desgaste se nota. De todas formas, desde esta firma señalan que ellos ya no tienen responsabilidad puesto que cedieron la obra a Oresti SRL, e incluso esta firma ya les habría pagado dos tercios de los tres millones de pesos que correspondían.

Lo complejo del caso suma una preocupación extra no sólo a la futura gestión, sino al destino de la obra.

Nadie sabe aún qué se hará, cuánto tiempo llevará decidirlo y ejecutarlo y cuánto le terminará costando la desprolijidad a los vecinos de Córdoba, que siempre terminan por ser los afectados.