Publicado: 06-09-09
  
La sentencia por la cual se condenó a María Julia Alsogaray a devolverle dinero al Estado fue la primera vez que se hizo lugar a una medida así

El juicio en que se condenó a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, a devolver al Estado $ 3.179.207 por enriquecimiento ilícito, se convirtió en el primer caso de recuperación de activos de corrupción en la Argentina.

Este hecho puede tener un efecto simbólico importante sobre el funcionamiento del Poder Judicial, que podría marcar un cambio en el modo de percibir este tipo de delitos.

Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipse), organización no gubernamental (ONG), dedicada a promover políticas de recuperación de activos en casos de fraudes económicos y corrupción, explica a LA NACION que tienen identificados alrededor de 800 casos de corrupción que superan cada uno los 100.000 dólares. Biscay comenta que sólo el 35% de esos casos equivalen a hechos de corrupción por alrededor de 13.000 millones de dólares.

Además, un informe de la Oficina Anticorrupción identificó, sólo en el fuero federal, más de 3400 casos de corrupción de todo tipo.

"El trabajo que realizamos en el Cipce permitió conformar una lista de alrededor de 3000 personas y 2500 empresas vinculadas a casos de corrupción", comenta.

Biscay asegura que la lentitud de la Justicia atenta contra el esclarecimiento de casos y que favorece la generación de nuevos episodios. "Lamentablemente, hay que decir que en la Argentina no hay costos para la corrupción. Tanto funcionarios públicos como empresarios involucrados saben que en la mayoría de los casos no van a ser condenados -argumenta-. Además, el costo moral es muy bajo porque acá la corrupción tiene un nivel de tolerancia social alto."

En la Argentina, como en la mayoría de los países de América latina, son muy pocos los casos de corrupción que han tenido una condena firme. Los que hay se cuentan con los dedos de una mano o terminan en indultos.

"Si un Estado, como el argentino, tiene como mínimo US$ 13.000 millones identificados por casos de corrupción y criminalidad económica, y no toma medidas o no implementa políticas claras para frenar ese perjuicio y recuperar algo de ese monto, estamos mal -dice Biscay-. Hay que decir que en nuestro país el Estado aplica una política anticorrupción que no es racional en términos de eficacia en la búsqueda de resultados."

Según explican en el Cipce, la idea de recuperar activos tiene dos objetivos. Primero, reparar socialmente el perjuicio producido por casos de corrupción. Segundo, recuperar activos como un mecanismo orientado a controlar los fenómenos de criminalidad dentro de la vida social de un país, tiene efectos en términos de control de la corrupción porque rompe las cadenas de financiamiento de la actividad delictiva.

Entre los casos más resonantes con los que trabaja el Cipse figura la causa de María Julia Alsogaray, que se encuentra en el Tribunal Oral Federal Nº 4. La condena está firme y el monto de la actualización de la pena de decomiso se fijó en 3.179.207 pesos, motivo por el cual se rematará el petit hôtel de la condenada, que se encontraba embargado. En esta causa se condenó a la ex secretaria de Medio Ambiente por haberse enriquecido ilícitamente mientras se desempeñaba como funcionaria pública. El Cipce sugirió que la plata del decomiso sea entregada al hospital Garrahan.

En el caso Skanska, se investiga el presunto pago de coimas de parte de la empresa sueca a funcionarios de Nación Fideicomiso. En cuanto a la posibilidad de recuperar activos, Biscay comenta que el 7 de mayo el juzgado dictó un embargo preventivo -por 17 millones de pesos- sobre la compañía, por considerarla beneficiaria de las presuntas maniobras ilícitas llevadas adelante por sus directivos.


Maniobras
Otro de las causas importantes es la denominada IBM-Banco Nación. En esa causa se investigan las maniobras realizadas en torno del contrato suscritos entre el Banco de la Nación Argentina e IBM de Argentina para la realización del Proyecto Centenario, que consistía en un plan de informatización y comunicaciones entre la casa central y sus sucursales instaladas en el país. La causa se encuentra en trámite en el Tribunal Oral Federal Nº 3, en espera de fecha de audiencia oral.

El proceso de selección de la empresa que sería contratada habría sido digitado por funcionarios del banco para que IBM ganara la licitación.

A cambio de favorecer a la empresa de tecnología, los funcionarios del banco habrían recibido sobornos mediante la desviación de sumas abonadas a empresas proveedoras o subcontratistas de IBM sin que esas empresas hubieran prestado algún servicios que justificaran los mencionados pagos.

En la causa Siemens, se investiga la licitación para la implementación de un sistema de control migratorio, identificación de personas y de información eleccionaria.

Según información de la ONG, se calcula que la empresa alemana Siemens pagó alrededor de 70 millones de dólares tanto a los funcionarios del gobierno de Carlos Menem, como a los del gobierno de Fernando de la Rúa, para conseguir que se siguiera adelante con la licitación de los documentos.

Otro caso que podría tener un interesante recupero para las arcas públicas es la causa de sobresueldos. Los peritos contadores que trabajaron en el caso determinaron que el monto del perjuicio ocasionado asciende a 466 millones de dólares. En esta causa, según los datos de Cipse, se dictaron embargos sobre el patrimonio de varios ex funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem.