Publicado: 20-09-2011 
  
Tucumán.- El organismo de control observó que por una "disposición verbal", hay obras en viviendas que no son cobradas a sus adjudicatarios.

El uso de los fondos públicos en los programas habitacionales fue severamente objetado por el Tribunal de Cuentas (TC) en su informe de la Cuenta de Inversión correspondiente al año pasado.

En rigor, según el ente de contralor, los números no representan "razonablemente" la situación patrimonial del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Mediante el Acuerdo 2.440, los vocales del TC (Miguel Chaibén Terraf -presidente-, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal) emitieron al menos 11 recomendaciones y observaciones al Poder Ejecutivo, respecto del manejo y registro de los dineros públicos. Incluso, mediante un artículo, el Tribunal de Cuentas aconsejó a la Contaduría General de la Provincia "que adecue el Plan de Cuentas para que éste refleje de la manera más analítica posible los movimientos del Estado provincial".

A la hora de evaluar los números del Instituto de la Vivienda, los auditores fueron contundentes. "Teniendo en cuenta las limitaciones al alcance de la tarea, el volumen de los movimientos producidos en el Ejercicio bajo examen y las aclaraciones previas efectuadas, opinamos que el citado estado al 31 de diciembre de 2010 no presenta razonablemente la situación patrimonial del Instituto Provincial de la Vivienda al 31 de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado a esa fecha", se expresó en el informe. La primera observación guarda relación con los movimientos bancarios. El TC detalla que Vivienda posee 27 cuentas bancarias, cuyo saldo al 31 de diciembre fue de $ 74,5 millones. "Al analizar las conciliaciones bancarias efectuadas por el Instituto, se advierte que las registraciones que realiza el organismo en algunas cuentas se efectúan en forma resumida (lotes), lo cual dificulta el control", plantea.

Al finalizar 2010, según el TC el organismo contaba con $ 72,6 millones pendientes de recibir de los programas habitacionales financiados por la Nación. Se trata de fondos exigibles porque ya fueron ejecutados y aprobados los certificados de obra para los cuales estaban destinados. Sin embargo, sobre ese saldo el tribunal no se expidió, sencillamente porque no había un detalle que le permita "analizar si se registran todos los certificados ejecutados y aprobados durante 2010".

Disposición "verbal"Otro elemento del Instituto Provincial de Vivienda que llamó la atención de los auditores fue el expediente 205-370-11. En ese documento, el interventor del organismo, Gustavo Durán, expresó: "hay obras ejecutadas dentro del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas y Subprograma Emergencia Hídrica, que por orden verbal del Superior Gobierno de la Provincia no son cobradas a sus adjudicatarios por lo que no se recuperará la inversión efectuada en las mismas".

Pero, según el Tribunal de Cuentas, no hay normativa que respalde esa decisión, y citó el convenio marco firmado entre la Nación y la Provincia, según el cual cuando las viviendas son adjudicadas el organismo debe iniciar de manera inmediata el recupero de las cuotas de amortización (artículo octavo). "Este equipo de auditoría no tiene conocimiento de la existencia de norma legal en contrario con respecto al tema en cuestión, por lo que todas las obras efectuadas por el Instituto deberían ser recuperadas", se planteó. Los programas en cuestión involucran $ 235,7 millones (Emergencia Hídrica) y $ 273,2 millones (Mejoramiento de Viviendas). "La no recuperación de dicho crédito deben registrarse como cuenta de resultado negativo. Por todo lo expuesto, consideramos que la exposición de la citada cuenta es incorrecta", se advirtió.

Ahorro polémicoFinalmente, el Tribunal de Cuentas volvió a advertir sobre la imposibilidad de controlar las llamadas "economías de obra", mediante las que el Instituto autoriza a las empresas a suprimir ítems en la construcción de casas y en los planes de mejoramiento de vivienda. Esto, como una medida tendiente a ahorrar recursos. "En la confección del Certificado de Final de Obra de todas las Obras finalizadas es necesario contar para su correcta determinación, entre otros datos, con los montos y las fechas de las economías de obra que se hubiesen producido en las mismas. Estas situaciones deberían haberse expuesto en Notas Complementarias a los Estados Contables, a fin de diferenciar el ahorro que se determina por este concepto de otros que puedan producirse durante el Ejercicio Presupuestario", insistió.